SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Economía y Conocimiento para investigar la "falta de pago" de las ayudas a estudiantes de Grado para la obtención del B1 en idiomas del curso 2014/2015.
En el texto de la queja, consultado por Europa Press, la Defensoría señala que ha recibido varias quejas relativas al "retraso" en el pago de los importes concedidos, toda vez que ha recordado en este sentido que a principios de año se tramitó la queja 16/7062 sobre el caso particular de una estudiante, "si bien hasta la fecha no hemos recibido el informe requerido a la Dirección General de Universidades".
Pero insiste en que ha sido en fechas recientes cuando se han acumulado las quejas recibidas, lo que "hace plantearnos que no se trata de una cuestión puntual que pueda afectar a algunas personas sino que podríamos encontrarnos ante un problema que perjudica al conjunto de estudiantes que participaron en dicha convocatoria de ayudas".
Así, apunta que con independencia de "seguir sosteniendo la conveniencia de revisar este modelo", lo que, a juicio de la Defensoría, resulta "inadmisible es que una convocatoria de ayudas para el curso 2014/2015 aún no haya culminado con el correspondiente pago de las ayudas concedidas, habiendo transcurrido ya dos años desde que finalizase el plazo de presentación de solicitudes".
De este modo, apunta que aunque conoce las "vicisitudes" habidas en esta primera convocatoria de ayudas para facilitar la acreditación del nivel B1 de competencia lingüística, consistentes en ampliación del plazo de presentación de solicitudes, modificación de las bases reguladoras de la convocatoria y firma de convenios de colaboración con las universidades andaluzas para la gestión de las ayudas, con fecha 10 de febrero de 2016, "la situación actual de falta de pago no nos parece justificable".
Sobre todo, cuando, según la documentación facilitada por las personas que han acudido a esta institución, las resoluciones de adjudicación de ayudas por parte de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología "se habrían producido en el último trimestre de 2016 y la documentación justificativa del gasto se habría presentado ante las universidades en el primer trimestre de 2017".
Y añade que desconoce "si los motivos del retraso en el pago pudieran deberse a la falta de aportación documental por parte de las Universidades andaluzas de las correspondientes cuentas justificativas del gasto realizado por sus estudiantes, o bien a la falta de las transferencias dinerarias oportunas en favor de aquéllas por parte de la Junta de Andalucía".
En cualquier caso, "sean los motivos que fueren nos parece que deberían adoptarse sin más demora las medidas necesarias para dar solución a la situación denunciada y proceder al pago de las ayudas para acreditación de la competencia lingüística concedidas a estudiantes universitarios en la convocatoria correspondiente al curso 2014/2015".
A la vista de todo esto, el Defensor se propone la incoación de queja de oficio ante la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía y Conocimiento al considerar que
"se encuentra afectado el derecho fundamental a la educación consagrado en el artículo 27 de la Constitución, así como el derecho a acceder, en condiciones de igualdad, al sistema público de ayudas y becas al estudio en los niveles no gratuitos (artículo 21.4 del Estatuto de Autonomía para Andalucía)".
En este sentido, recuerda que en concreto la Ley andaluza de universidades, en su artículo 51.3.b), establece en favor de los estudiantes "el derecho al establecimiento de un sistema de becas y ayudas suficiente, que garantice la eliminación de desigualdades que provoquen la exclusión o el abandono de los estudios por cuestiones de índole económica".
