BAZA (GRANADA), 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los integrantes de la Plataforma en Defensa del Río Castril citados a declarar este martes ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Baza (Granada) imputados por un supuesto delito de reuniones o manifestaciones ilícitas han defendido que las protestas contra el trasvase a Baza del pasado 24 de agosto y 3 de septiembre por las que fueron denunciados por la Guardia Civil fueron "espontáneas" y "pacíficas".
Así lo ha señalado a Europa Press el presidente de la plataforma, Miguel Ortiz, que ha presentado ante la instructora la escritura y la autorización de la propietaria de la parcela donde secundaron las movilizaciones y que se ha mostrado convencido de que las diligencias serán archivadas, ya que no es responsable "de haber cometido ningún tipo de delito".
Ortiz se ha negado a responder a las preguntas que le ha formulado la Abogacía del Estado, ya que le ha exhibido la orden ministerial basada en el decreto de sequía, declarado nulo por el Tribunal Supremo, que supuestamente avalaría las expropiaciones de los terrenos para acometer la obra necesaria para el trasvase.
"Nuestro criterio está claro, y es que pedimos justicia ante una injusticia. Hay unos propietarios de unas tierras que están siendo destrozadas y la empresa ha entrado en ellas argumentando que son expropiaciones forzosas, pero no las han documentado", ha apuntado Ortiz, que ha considerado que su citación judicial es un intento de "coacción" de la Subdelegación del Gobierno para "acallar" las protestas.
A juicio de Ortiz, los "verdaderos culpables" y "las personas que deberían sentarse en el banquillo de los acusados" son los responsables de las obras del trasvase, es decir la empresa y los dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
El presidente de la Plataforma fue denunciado por la Guardia Civil como "organizador" de las dos concentraciones no autorizadas por la Subdelegación del Gobierno en el paraje Matamolinos de Cortes de Baza (Granada) para impedir la continuidad de las obras del trasvase.
La primera concentración movilizó a unas 300 personas hasta la parcela expropiada en Cortes de Baza para la canalización del río Castril, según se desprende de la comunicación remitida a Ortiz por la Subdelegación del Gobierno y en la que se advierte de que estos hechos son sancionables con multa de hasta 3.000 euros.
La segunda movilización consistió en una sentada de una treintena de personas en la misma parcela de Cortes de Baza a fin de interrumpir de nuevo los trabajos del trasvase, aunque en esta ocasión la Guardia Civil instó a los manifestantes a marcharse y les avisó de que su conducta "podría constituir responsabilidades administrativas".
Ante su negativa a abandonar el lugar, los agentes procedieron a desalojarlos a todos hasta el exterior de las zonas delimitadas por las obras. En la comunicación que la Subdelegación ha remitido a Ortiz se indica que estos hechos, sin perjuicio de lo que resulte en la instrucción, pueden ser sancionables con una multa de hasta 4.000 euros.
