JAÉN, 4 May. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Jaén modificará su Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación (SPGR) con el objetivo de facilitar el pago de los tributos locales a quienes tienen menos recursos.
Ese cambio es uno de los puntos destacados en el orden del día del pleno de este martes. "De nuevo pretendemos hacer posible que la ciudadanía pueda cumplir con sus obligaciones tributarias y para ello mejoramos las condiciones para aquellas personas y familias que tienen especiales dificultades económicas y que de este modo pueden beneficiarse de esta iniciativa y cumplir con sus deberes en materia de impuestos locales", ha explicado la vicepresidenta y diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra.
Según ha recordado este lunes en una nota, en los últimos años, y en esta misma dirección, ya se han adoptado otras iniciativas "que demuestran la cercanía y la sensibilidad que tiene la Diputación con las necesidades del ciudadano", caso del fraccionamiento del pago hasta en cuatro mensualidades del Impuesto de Bienes Inmuebles o el de Vehículos de Tracción Mecánica.
En esta línea se presenta ahora esta nueva propuesta, que se abordará en el referido pleno y con la que, según ha enfatizado Parra, se dará "un paso más modificando la ordenanza en el articulado que afecta a aplazamientos o fraccionamientos de deudas".
Así, en función de la cuantía de la deuda, el plazo máximo de aplazamiento va a pasar de los 18 meses anteriormente establecidos a los 24 meses, y para los fraccionamientos de deudas el número máximo de plazos pasa a ser de 36 meses y desaparece la necesidad de aportar garantía para todas las solicitudes con importe inferior a 24.000 euros. Además, se elimina la liquidación de intereses de demora para las cantidades inferiores a 6.000 euros.
Junto a este punto, en el orden del día del pleno figuran otras cuestiones como las dos mociones presentadas por el equipo de gobierno (PSOE), "una solicitando una Inversión Territorial Integrada (ITI) para la provincia de Jaén y otra exigiendo que se garantice el carácter público, universal y gratuito del Registro Civil".
Respecto a la primera proposición, la vicepresidenta ha apuntado que "siendo conscientes de la existencia de factores y problemas estructurales" en Jaén, que "tiene infraestructuras de comunicación empantanadas, alarmantes tasas de paro y pérdida en la densidad empresarial", que dificultan su convergencia con las de mayor nivel de desarrollo, y ahora que la situación "se ha agravado por la prolongada duración de la crisis", vuelven a reclamar colaboración al Estado.
"Pedimos una vez más al Gobierno de España, gobernado por un Partido Popular que nos tiene abandonados, que se comprometa con esta provincia --al igual que ha hecho con la ITI Azul, o Estrategia Atlántica, la ITI del Mar Menor en Murcia, la ITI de Extremadura o la de Cádiz--, concediéndonos una Inversión Territorial Integrada, que se construye a través de fondos europeos para los próximos siete años y que se puede cuantificar en más de 1.200 millones de euros", ha comentado.
Parra, que ha puesto como ejemplo lo que ya ocurrió en el periodo 2006-2009 con ActivaJaén, "cuando el Gobierno de España aprobó medidas de discriminación positiva para la provincia de Jaén", ha añadido que esta petición la cursarán "a través de la Junta de Andalucía, que también ha de comprometerse a su cofinanciación, ofreciéndose esta Diputación para poner en marcha la Oficina de Información y Soporte de la ITI de Jaén".
REGISTRO CIVIL
La segunda moción que el equipo de gobierno presentará en la sesión se refiere al Registro Civil, para el que, "al igual que la mayoría de los ciudadanos de este país", exigir que "se garantice su carácter público, universal y gratuito" y puesto que "el Partido Popular quiere privatizarlo".
"Por eso pedimos que se retire de su tramitación parlamentaria el proyecto de Ley de Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la administración de Justicia y del Registro Civil, así como poner en vigor la Ley 20/2011 del Registro Civil, que vendría a dar un servicio público de calidad a los ciudadanos y seguridad a los funcionarios públicos afectados", ha concluido la vicepresidenta.
