Imagen de una de las inspecciones por enganches ilegales a la red eléctrica - GUARDIA CIVIL
JAÉN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha esclarecido en el último año un total de 92 delitos de defraudación de fluido eléctrico en localidades jiennenses ubicadas en las sierras de Segura y Las Villas. En el marco de estas actuaciones, los agentes han investigado a 70 personas como presuntas autoras de estos hechos, tras detectarse un fraude que supera los 300.000 euros.
Según ha informado el Instituto Armado, las actuaciones se iniciaron en agosto de 2025 a raíz de la detección de numerosos suministros conectados ilegalmente a la red eléctrica mediante manipulaciones fraudulentas, conocidos como "enganches ilegales". Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil por la propia empresa distribuidora de energía eléctrica.
Las intervenciones se han desarrollado en las localidades jiennenses de Villacarrillo, Santiago de la Espada, La Puerta de Segura, Villanueva del Arzobispo y Beas de Segura.
Para llevarlas a cabo, la Guardia Civil estableció un dispositivo de colaboración y apoyo a los técnicos de la compañía distribuidora durante las inspecciones en los inmuebles investigados, procediendo de forma paralela a identificar a los responsables de los suministros donde se constató el fraude.
El perjuicio económico derivado de estas conexiones fraudulentas asciende concretamente a 314.489 euros. De acuerdo con las estimaciones técnicas, cada uno de los enganches ilegales detectados habría supuesto un consumo medio anual de unos 12.000 kilovatios hora, lo que equivale a unos 3.400 euros de energía eléctrica consumida de forma irregular.
Asimismo, la Guardia Civil ha indicado que algunas de las conexiones fraudulentas inspeccionadas estaban vinculadas a cultivos de cannabis. Por este motivo, también se han instruido diligencias por delitos contra la salud pública contra algunos de los investigados y se han intervenido sustancias estupefacientes.
Desde la Guardia Civil se ha advertido de que las conexiones ilegales a la red, además de constituir un delito, ponen en riesgo la seguridad de las personas y afectan a la calidad del suministro, provocando sobrecargas, caídas de tensión y averías en la red de distribución, con posibles daños en las instalaciones y electrodomésticos de otros usuarios.
Tanto las diligencias instruidas como las personas investigadas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.