Exalcalde de Monachil niega responsabilidad en el accidente que sufrió un policía local en 2009

Publicado 20/01/2015 13:51:04CET
Juicio exalcalde de Monachil por accidente de un policía local
EUROPA PRESS

El accidentado asegura que tanto el entonces alcalde como el concejal de Seguridad Ciudadana conocían las deficiencias del vehículo siniestrado

GRANADA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Monachil (Granada) José Luis Samos (PSOE) ha negado este martes responsabilidad en el accidente que sufrió un agente de la Policía Local en 2009 en la carretera de Sierra Nevada cuando patrullaba con un vehículo al que le fallaron los frenos, por el que la Fiscalía le acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones por imprudencia grave.

Samos se enfrenta a un año y ocho meses de prisión, misma condena que el Ministerio Público reclama para el que fuera concejal de Seguridad Ciudadana y Transportes Alberto Contreras, por los mismos delitos. Además, en el caso también está acusado al jefe de la Policía Local en el municipio, que se enfrenta a cuatro meses de cárcel, por un delito de lesiones por imprudencia grave.

Ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, el exregidor ha dicho que desconocía los fallos que presentaba el vehículo, y los informes que al respecto formularon los funcionarios de la Policía Local.

De hecho, ha indicado que las competencias en materia de seguridad estaban delegadas en el concejal del área, y que correspondía al jefe de la Policía Local la decisión de enviar o no a reparar el coche, que era el único con el que contaban los agentes para patrullar por Sierra Nevada.

No obstante, ha explicado que su equipo de gobierno era consciente de que había que cambiar la flota de vehículos propiedad del Ayuntamiento, no sólo de la Policía Local sino también de otras áreas, y así se presupuestó en 2009.

En la misma línea que el alcalde, el exconcejal ha indicado que aunque el jefe de Policía Local le trasladaba de forma muy frecuente sus informes, no recuerda el que específicamente trataba sobre las deficiencias del vehículo siniestrado y ha mantenido que si había que inmovilizarlo, debía haberlo hecho precisamente el mando policial.

JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

Sin embargo, el jefe de la Policía Local ha explicado que tanto el alcalde como el concejal de Seguridad eran informados de las incidencias en el municipio, incluidos los informes de los funcionarios sobre los defectos del vehículo y, de hecho, ha incidido en que debían de dar su visto bueno a las reparaciones a las que se sometió en varias ocasiones en el taller. De todas formas, ha afirmado que él no observó que el coche siniestrado presentara un "peligro inminente", y que, de haberlo sabido, habría procedido a inmovilizarlo.

El agente de la Policía Local accidentado ha explicado que él tenía miedo de subirse a ese coche, puesto que él y sus compañeros eran conscientes de los fallos que presentaba, y así lo hicieron constar en un informe que se trasladó al jefe del Cuerpo y también le trasladaron esa información de forma verbal tanto al alcalde como al edil de Seguridad.

Según ha sostenido, aquel coche hacía "muchísimos kilómetros" al mes y además era utilizado por los cerca de 20 agentes de la Policía Local entonces. Presentaba entonces fallos en el sistema de frenado, las luces y no disponía de aire acondicionado, y por ello alertaron de su estado a los responsables municipales, incluso después de que otros dos agentes sufrieran un accidente anterior.

El juicio continuará este miércoles con la declaración de más testigos, y peritos que analizaron el estado del coche y las heridas que sufrió el agente, por lo que está previsto que entonces quede visto para sentencia.

ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA

Los hechos se remontan a las 14,30 horas del 13 de diciembre de 2009, cuando el policía local del Ayuntamiento de Monachil circulaba en servicio de patrulla a bordo del vehículo oficial, titularidad del Ayuntamiento de Monachil, dirección Sierra Nevada. Al llegar al punto kilométrico 1,700 de la citada vía en tramo descendente se percató de que el vehículo no frenaba correctamente, dado que al pisar el freno emitía ruidos extraños, y pese a que pisaba hasta el fondo, el coche no respondía.

Ante la presencia de otro vehículo en sentido contrario, el policía intentó sin éxito hacer uso del freno de mano, por lo que de forma definitiva perdió el control del vehículo, que colisionó contra un Seat Toledo. Como consecuencia de esta colisión, el vehículo oficial sufrió un vuelco sobre la calzada en forma de campana saliéndose por el margen derecho en sentido de su marcha, y quedó siniestro total, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público.

El conductor tuvo lesiones consistentes en síndrome de latigazo cervical, dorsalgia, policontusiones y cuatro contracturas en trapecios que requirieron de tratamiento médico curativo mediante anelgesia, reposo relativo, y miorrelajantes así como rehabilitación con 55 sesiones curativas. Le han quedado como secuelas cervicalgia por contractura con cefaleas e inestabilidad potenciándose ante esfuerzos.

La causa del accidente, según el fiscal, fue los defectos esenciales y estructurales en los mecanismos básicos del vehículo motor oficial que, existiendo con anterioridad al siniestro, "generaban un riesgo grave para la vida e integridad" al menos de sus usuarios, no sólo del agente lesionado, sino del resto de funcionarios de la Policía Local.

De hecho, tenía deficiencias en el sistema de frenado y defectos en los neumáticos como consecuencia del desgaste o mal estado de la rodadura, que fueron detectadas por al menos seis agentes, quienes desde el mes de julio de 2009 habían trasladado a los acusados de forma verbal y escrita los graves defectos mecánicos detectados que finalmente causaron el accidente sin que por parte de ellos se realizara comprobación de los mismos, ni se procuraran las revisiones así como reparaciones necesarias.

Además, la escasa disponibilidad de vehículos de la Policía Local unida el intenso tráfico motivado por la temporada de esquí de Sierra Nevada determinaba que el vehículo siniestrado se viera obligado a efectuar un elevado número de kilómetros (alrededor de 20.000 desde abril a diciembre) provocaba un cambio de circunstancias o de estado del vehículo desde el momento de la ITV (que pasó en abril de 2009) obligando a los procesados a observar "unas mínimas precauciones en orden a la revisión periódica para su correcto mantenimiento".

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