Facua Andalucía rechaza la supresión del Impuesto al Patrimonio por "favorecer solo a las rentas más altas"

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización de consumidores Facua Andalucía ha mostrado este miércoles su rechazo a la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y la bajada del IRPF aprobadas por el Gobierno de la Junta y ha advertido de que esta medida "solo favorece a las rentas más altas en detrimento del resto de la población andaluza y de los servicios públicos de la comunidad".

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este miércoles el Decreto-ley 7/2022, que viene a consolidar el anuncio que realizó hace unos días el presidente autonómico, Juanma Moreno, de una bajada general del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas y la bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio, entre otras medidas, lo que supone, de facto, la supresión de dicho impuesto.

En este sentido, la federación ha criticado que la Junta de Andalucía continúe con su política de favorecer al sector empresarial y a las rentas más altas en perjuicio de los fondos que necesita la comunidad autónoma para garantizar "unos servicios públicos de calidad y eficientes que puedan dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía".

Así, Facua Andalucía ha señalado que la modificación introducida por el Gobierno de la Junta provocará "una merma en las arcas públicas del 0,6% de la recaudación" y ha recordado que, en 2021, el Impuesto sobre el Patrimonio consiguió unos fondos de 120 millones de euros, afectando solo a 20.661 andaluces.

Facua ha puesto en duda que la supresión de este tributo permita atraer más capacidad inversora y ha afirmado que, en ningún caso, garantiza que los beneficios del sector empresarial que decida domiciliarse en la región retornen a la administración pública.

El presidente de Facua Andalucía, Manuel Baus, ha criticado que la Junta asuma "la pérdida para las arcas públicas de estos 120 millones cuando, en relación a políticas de protección a los consumidores, el Gobierno andaluz sólo destinó en los últimos presupuestos una exigua cantidad de 13 millones de euros".

"Un montante a todas luces insuficiente para potenciar la labor de inspección y control de la Junta, la propia estructura administrativa de la Dirección General de Consumo --que cuenta con unos servicios territoriales infradotados-- o garantizar una apuesta suficiente por el movimiento asociativo, cada vez más parca", ha incidido Baus.

MANDATO CONSTITUCIONAL

Facua Andalucía ha recordado que los impuestos son "imprescindibles" para la financiación del gasto público, y que "deben ser suficientes" para el mantenimiento del estado del bienestar y de los ciudadanos.

De esta forma, la organización apunta que debe regirse por los principios de igualdad y progresividad que marca la Constitución Española (CE), de forma que a igual capacidad económica la contribución tributaria debe ser la misma, y a mayor capacidad, mayor debe ser la contribución a los fondos públicos.

Sin embargo, en su opinión, la apuesta de la Junta de Andalucía atenta contra estos principios constitucionales para "favorecer, una vez más, a quienes más tienen". "El Gobierno de Moreno pretende eximir de contribuir a la financiación de los servicios públicos a aquellos que precisamente deberían aportar más", ha alertado.

De nuevo, acusa la federación, "el Ejecutivo autonómico se pone al servicio del capital, de las rentas más altas y de las grandes empresas, a costa de perjudicar a sus ciudadanos y los servicios públicos esenciales que debe garantizarles".

"FALTA DE INVERSIÓN PÚBLICA"

Facua Andalucía ha incidido en que, en contraposición con esta exención tributaria a las rentas más altas, la comunidad autónoma es una de las que vienen ocupando las últimas posiciones en inversión sanitaria por habitante. En 2020 ocupó el último lugar, con tan sólo 1.298 euros por habitante.

No solo eso, sino que también, según ha resaltado, viene siendo "el vagón de cola" en educación por alumno. Datos de 2019 revelaron que la media nacional era de 6.230 euros, pero Andalucía sólo destinaba 5.442 euros.

De igual forma, Facua Andalucía ha considerado que los retrasos en otorgar las ayudas sociales también son "inaceptables", tanto que provocaron la propia crítica del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu: "es innegable que la demora administrativa que se está produciendo en el reconocimiento y resolución de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía vulnera la normativa autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora".