Facua Córdoba denuncia a una instaladora de placas solares "por no entregar facturas" a la finalización del trabajo

CÓRDOBA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Facua Córdoba ha denunciado ante el servicio de Consumo de la Junta de Andalucía a una empresa instaladora de placas solares "por no entregar facturas a sus clientes a la finalización de los trabajos que contratan con ella". Además, la asociación también ha denunciado a una financiera "al detectar su participación en la operativa contractual utilizada en este tipo de instalaciones y la falta de una respuesta efectiva que permita al consumidor obtener su factura".

En este sentido y en una nota, la asociación de consumidores ha detallado que, igualmente, ha denunciado a esta segunda entidad "por la inclusión de posibles cláusulas abusivas en la documentación contractual".

Facua, que también ha puesto los hechos "en conocimiento de la Agencia Tributaria", ha explicado que "tuvo conocimiento de esta actuación de la mercantil a través de uno de sus socios que, tras haberle realizado la instalación del sistema fotovoltaico en su vivienda por un valor de 7.900 euros (IVA incluido), nunca llegó a recibir la factura pese a sus reiterados intentos de obtenerla".

En este contexto, la asociación ha recalcado que la factura es "imprescindible para el consumidor, tanto para acreditar la operación y ejercer derechos de garantía o reclamación, como para realizar trámites administrativos". La ausencia de este documento, entre otras cuestiones, "puede impedir solicitar al Ayuntamiento de la ciudad la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que tiene contemplado el consistorio para los vecinos que disponen de este tipo de instalaciones fotovoltaicas para fomentar el uso de energías renovables, además de deducciones del IRPF de hasta el 60%".

La asociación critica que, pese a sus intentos de "resolver la situación directamente con la empresa", solicitando "la emisión de la factura correspondiente para su socio, no ha obtenido hasta el momento ninguna respuesta satisfactoria por parte de la instaladora".

Además, la asociación ha señalado que "el modo en que se articula la contratación --con la intervención de una segunda entidad vinculada al pago aplazado-- puede generar una situación de confusión e indefensión práctica para el consumidor cuando las empresas se remiten entre sí la responsabilidad de emitir o facilitar la factura". Por ello, Facua Córdoba ha pedido también a Consumo "que se investigue el conjunto de la operativa y se depuren responsabilidades".

En este sentido, Facua Córdoba ha advertido de "que la supeditación de la emisión de factura al cobro efectivo del crédito, interpretado como pago íntegro del mismo, constituye una limitación desproporcionada del derecho del consumidor a obtener factura por el bien o servicio contratado". Así, "esta conducta podría suponer un incumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de facturación. Así, el artículo 164 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, recoge como obligación de los sujetos pasivos de expedir y entregar factura de todas sus operaciones".

De igual forma, el artículo 2 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, dispone que los empresarios y profesionales están obligados a expedir factura y copia de esta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en el desarrollo de su actividad, mientras que su artículo 8 regula el plazo de expedición.

Además, la asociación incide en que "esta actitud por parte de la empresa también podría ser una infracción del artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, relativa a los llamados actos de engaño".

Finalmente, Facua Córdoba recomienda a los consumidores que, "antes de contratar instalaciones fotovoltaicas financiadas o con pago aplazado, exijan presupuestos detallados, verifiquen qué empresa figura como vendedora y cuál gestiona los cobros, y soliciten siempre la factura por escrito al finalizar la instalación, conservando toda la documentación contractual y los justificantes de pago".

Asimismo, la asociación se pone a disposición de las personas afectadas que puedan encontrarse en esta misma situación, ya sea con esta u otras empresas del sector, para prestarles el oportuno asesoramiento y canalizar las posibles reclamaciones ante los organismos competentes.