Gobierno subraya 2,2 millones de andaluces perjudicados con rechazo del Congreso a actualizar pensiones y prestaciones

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha advertido este martes tras el rechazo en el Congreso de los Diputados a la convalidación del Real Decreto-ley 16/2025 que "afecta directamente a más de 2,2 millones de pensiones y prestaciones en Andalucía".

Pedro Fernández ha sostenido en este sentido en una nota que "en Andalucía serán más de dos millones de personas a quienes han puesto en riesgo, con ese voto en contra, de poder mantener su poder adquisitivo", una forma de proceder que ha considerado "totalmente inimaginable para un servidor público, cuyo fin, medidas y objetivos no pueden ser otros que atender las necesidades de las personas, de todas y especialmente de quienes más lo necesitan".

Fernández ha señalado que este real decreto "contempla la revalorización y subida de las pensiones y prorroga el escudo social de medidas que protegen al conjunto de la ciudadanía y a los más vulnerables".

Entre otras medidas el Decreto-ley 16/2025 contemplaba que desde el 1 de enero de este año, y hasta que se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, "el límite máximo para la percepción de las pensiones públicas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado causadas en 2026 será de 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales".

En el caso de la actualización del importe de las pensiones señalaba este texto que "las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como las pensiones ordinarias y extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado se revalorizarán en 2026 con carácter general el 2,7 por ciento respecto del importe que tuvieran a 31 de diciembre de 2025, equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2025, expresado con un decimal".

Ha reivindicado el delegado del Gobierno en Andalucía que la Administración del Estado "ha hecho su tarea" por cuanto "ha puesto encima de la mesa medidas tan importantes como la revalorización de las pensiones y de otras prestaciones públicas", entre las que ha mencionado las destinadas para "garantizar el suministro de agua y energía a consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social".

A este paquete ha sumado otras prestaciones como medidas de acompañamiento para asegurar la protección social, entre ellos, "despidos y destrucción de puestos de trabajo; la prórroga de determinados incentivos fiscales; incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos; exención de impuestos a afectados por los incendios forestales y otras emergencias de protección civil".

Ha criticado Fernández que "fue ya el anterior gobierno popular quien congeló durante siete años estas pensiones", decisión de la que ha indicado que "afectó gravemente a la situación económica de las familias".

El delegado del Gobierno ha sostenido para entender esa no actualización de ingresos que "solo se trata de hacer cuentas y de ver cuánto dinero tienen hoy en sus nóminas mensuales los pensionistas y cuánto tenían hace siete años".

Ha apuntado en este sentido que "estamos hablando de unos 520 euros más al año para quienes perciben una pensión media de jubilación".

"En junio de 2018 la pensión media era de 839,5 euros mensuales y hoy este Gobierno la ha situado, a fecha 1 de enero de 2026, en los 1.228,4 euros, 388,9 euros mensuales más", ha añadido.

"INACEPTABLE ANTEPONER INTERESES PARTIDISTAS AL BIENESTAR DE LA MAYORÍA"

"Es totalmente inaceptable ver cómo, una vez más, los intereses partidistas se anteponen al bienestar de la mayoría social, demostrando una desconexión absoluta de la realidad de la calle y haciendo oídos sordos a las familias que dependen de ellas para mejorar su economía. La política debe servir a la gente", ha reprochado el delegado del Gobierno.

Ha señalado que el Decreto-ley contemplaba también las ayudas al transporte público por carretera, urbano y ferroviario para facilitar el acceso de jóvenes y niños y de afianzar la recuperación de viajeros tras la disminución de la demanda que provocó la crisis sanitaria de la COVID-19 y el aumento de los precios originados por la inflación.

Ha remarcado "los beneficios de la medida para disminuir el gasto que las familias destinan al transporte público para poder estudiar o trabajar, además de favorecer la cohesión social, territorial y ambiental".

"Estamos hablando de medidas a favor de las empresas de transportes, de la generación de empleo y riqueza, de facilitar la movilidad de las personas, cuestiones esenciales que debe proteger un Estado, unido a los beneficios que supone para el medio ambiente aparcar el coche y utilizar el transporte público", ha recordado Fernández.