GRANADA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Popular, Carolina González Vigo, afirmó hoy que su partido va a pedir explicaciones públicas a la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fuensanta Coves, sobre el "silencio cómplice" del delegado provincial en Granada, Gerardo Sánchez, y las actuaciones a llevar a cabo en Sierra Elvira tras los vertidos detectados de alpeorujo en el acuífero de Raja Santa en Sierra Elvira.
En rueda de prensa, González Vigo sugirió al delegado provincial que "dimita" si no tiene explicaciones sobre los presuntos delitos ecológicos producidos en Castril, Pinos Puente y Atarfe, "todos Ayuntamientos socialistas", sobre los que Sánchez "no ha dicho nada", según apuntó la diputada popular.
Por ello, el PP solicitó la comparecencia en el Parlamento andaluz de la consejera de Medio Ambiente que tendrá lugar mañana, en la que deberá responder, según la parlamentaria popular, por las numerosas denuncias medioambientales recibidas en un lugar catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) por su elevado valor arqueológico.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) denunció el pasado mes de marzo a la empresa que construyó la balsa de alpechín, a la actual propietaria de la misma y al Ayuntamiento de Atarfe (Granada) después de que realizar una investigación a consecuencia de una denuncia presentada por el Seprona, aunque los hechos se remontan al año 2000.
Las muestras dieron un resultado de vertidos de alpeorujo "superior al establecido legalmente" por lo que se pone en peligro, según el ministerio público, la defectuosa impermeabilización de las balsas y existe riesgo de derramamiento de alpeorujo a la tierra.
En la toma de muestras de 2004 y 2005 se obtuvo agua del acuífero de Raja Santa en la que se halló la presencia de grasas, aceite y una "importante presencia de arsénico de desconocido origen". En la realizada en febrero de 2006, se demostró la presencia de aceites vegetales.
En la zona se ha arrojado tierra y escombros a las balsas para taparlas con "la intención de construir encima", lo que provoca que la sustancias se desborden y afecten a terrenos circundantes, precisaron fuentes de la Fiscalía.
"Ante el silencio de Medio Ambiente, el Seprona se dirigió a la Fiscalía", según recordó González Vigo, que incoó diligencias el pasado 1 de marzo y pidió que se acordara la suspensión de vertidos.