Acusa a la Junta de "gestionar" la inversión de 19 proyectos de la UE que no se han ejecutado
GRANADA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El propietario de la finca de 527 hectáreas dentro del Parque Natural de Castril ha decidido prohibir el acceso a los terrenos de su propiedad, mientras que la Junta de Andalucía no ofrezca un convenio o negocie la venta de esta finca para que vuelva a ser de titularidad pública, en virtud de una sentencia que le otorga la titularidad de los terrenos.
Rafael Aibar, que compró por 3,7 millones y escrituró en 1996, dicha finca, también es propietario de otras dos fincas, que suman una superficie de 2.150 hectáreas, que se encuentran en la zona de máxima protección del Parque Natural, según relató en rueda de prensa.
Aibar acusó a la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, de "mentir" y actuar con "mala fe" cuando afirmó que al transcurrir un año de la compra de la finca él intentara venderla a la Junta por 27 millones, señalando que el precio estipulado fue de 12 millones.
Además, el propietario acusó a la Delegación de Medio Ambiente de "gestionar" la inversión correspondiente a 19 proyectos de reforestación, tratamientos selvícolas en estos terrenos del Parque Natural cofinanciados por la Unión Europea, señalando que cuenta con un informe de ingenieros agrónomos que "certifican que en la zona no se ha realizado ninguna de estas actuaciones que se comenzaron en el año 1991".
Así, dijo que "han volado nueve millones" y que la Junta ante esto "no dice nada ni hace nada" y tampoco le remite estos 19 proyectos que ha solicitado "constantemente" para conocer con exactitud los mismos.
Por otro lado, Aibar aseguró que el proceso judicial por las otras dos fincas que posee dentro del Parque Natural es "inminente", puesto que hace seis meses se presentó a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento la reclamación de las mismas y "todavía no ha habido ninguna respuesta".
El propietario entiende que la Junta ha actuado de "mala fe" con el cambio de protección de los terrenos de su finca que pasaron de tener la protección mínima (C) a la máxima (A), que se realizó con la publicación "con nocturnidad" en el BOJA, por lo que ni siquiera pudo recurrir.
Dicha protección impide al propietario explotar una cantera de mármol, si bien Aibar criticó que dentro de este Parque Natural haya cuatro canteras de mármol, además de la suya, para las que la Junta no pone ningún problema, por lo que anunció que acudirá a lo contencioso administrativo para intentar que se anule la zonificación que la Junta realizó en estos terrenos del Parque Natural de Castril.
Los terrenos en cuestión estaban inscritos en el registro de la propiedad por el Ayuntamiento de Castril y una familia a la que pertenece Aibar. La sentencia judicial ha otorgado al propietario privado los terrenos en detrimento del Ayuntamiento.
Para la Junta el proceso judicial no se ha cerrado, puesto que será el Tribunal Supremo quien deberá dirimir a quién le corresponde la titularidad, tras el recurso de casación presentado por la Junta.
