GRANADA, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada considera "válida y eficaz" la notificación realizada al Nuncio en el que se le informaba de la admisión a trámite de la querella interpuesta contra el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, por el sacerdote, F.J.M.M., por los presuntos delitos de injurias y calumnias, coacciones, lesiones y contra la integridad moral.
En el auto, al que tuvo acceso hoy Europa Press, el juez desestima así el recurso interpuesto por el arzobispo granadino que comunicó al juzgado que debería dirigir la notificación a la Santa Sede y a través de la vía diplomática, en virtud del Acuerdo de 28 de julio 1976 suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, y en consecuencia , continúa el documento, "debe continuarse la instrucción de la causa, para lo cual cítese al querellado para que declare en tal condición jurídica".
Según el juez, que previamente pidió a las partes que se pronunciaran al respecto, "no puede combatirse sino refutarse la interpretación" que el recurrente hace del citado Acuerdo, ya que de prosperar lo propuesto significaría la "práctica exención de jurisdicción para determinados cargos y representaciones eclesiásticas", que en modo alguna está reconocida en "nuestras normas procesales ni en el propio Acuerdo".
De hecho, el Tratado indica lo siguiente: "El Estado español reconoce y respeta la competencia privativa de los Tribunales de la Iglesia en los delitos que violen exclusivamente una Ley eclesiástica conforme al Derecho Canónico. Contra las sentencias de estos Tribunales no procederá recurso alguno ante las Autoridades civiles".
Así pues, de admitir que los hechos objeto de la querella no pueden ser esclarecidos, ni investigarse la participación en ellos del querellado, "estaríamos ante un privilegio o prerrogativa sin amparo legal", que supondría una "discriminación" del querellado respecto de otras personas y cargos del mismo ámbito confesional.
El juez recuerda que "el Nuncio es el embajador en España de la Santa Sede, a todos los efectos. El Nuncio es Jefe de la Misión Diplomática de máximo rango de la Santa Sede y la Nunciatura es la Misión Diplomática de la Santa Sede antes los Estados con los que mantiene relaciones diplomáticas".
El pasado 14 de abril, el juez admitió a trámite la querella presentada contra el arzobispo al que citó a declarar el 26 del mismo mes. Aunque el 18 de abril, se dictó una providencia en al que se acordaba comunicar al Nuncio la presentación de la querella, la representación legal del Arzobispado comunicó al juez que debía notificarse a la Santa Sede por vía diplomática.
MOTIVO DE LA QUERELLA
La querella fue presentada por el sacerdote J.M.M. después de que el pasado mes de febrero tuviera lugar un acto de conciliación en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de la capital granadina que concluyó sin avenencia.
El abogado del arzobispo se negó entonces a retractarse de las imputaciones que realizaba en el escrito objeto de la demanda, lo que motivó la presentación de la denuncia, después de que se suspendiera a J.M.M. de sus funciones de sacerdote, tras retirarle la canonjía de la Catedral, que le fue concedida en el 2000 con carácter vitalicio.
Los hechos comenzaron el pasado mes de diciembre cuando el canónigo pidió al arzobispo que se retractara de las acusaciones realizadas en una carta sobre una supuesta apropiación indebida de los derechos de propiedad intelectual de un libro sobre la Catedral encargado por el anterior arzobispo, Antonio Cañizares, cuya publicación paralizó el demandado hace un año.
El libro fue encargado por el anterior arzobispo a 35 profesores de siete universidades españolas y una francesa. Tras la paralización y las consiguientes muestras de desacuerdo por parte de los autores, el Arzobispado granadino pidió a estos que remitieran sus quejas al coordinador de dicha publicación.
Además, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Granada admitió a trámite a principios de mes la demanda civil interpuesta por 24 de los 35 autores a los que se encargó en 2001 la redacción del libro por parte del Arzobispado granadino, que luego paralizó incumpliendo así el contrato, según los demandantes.
