GRANADA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sacerdote F.J.M.M., que se querelló contra el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, ratificó hoy ante el juez de Instrucción número 1 de Granada, encargado del caso, los hechos que lo llevaron presentar la querella por los delitos de calumnias, injurias, acoso moral y coacciones, según informaron a Europa Press fuentes del caso.
Durante toda la mañana declaró el sacerdote, por lo que los testigos citados hoy tendrán que acudir en nueva fecha, tras prolongarse la declaración del querellante, al que tras la denuncia se suspendió de sus funciones de sacerdote, después de retirarle previamente la canonjía de la Catedral, que le fue concedida en el año 2000 con carácter vitalicio.
El ahora ex canónigo pidió al arzobispo que se retractara de sus acusaciones realizadas en una carta, fechada en diciembre pasado, sobre una supuesta apropiación indebida de los derechos de propiedad intelectual de un libro de la Catedral, encargado por el anterior arzobispo, Antonio Cañizares, a lo que se negó Francisco Javier Martínez.
Sin embargo, en su declaración ante el juez el pasado mes de junio el arzobispo negó los hechos que se le imputan, así como "querer dañar" al querellante y dijo que "sólo gobernó la Diócesis para bien de la misma y administrar los bienes de acuerdo con la responsabilidad que tiene confiada".
Según el arzobispo, las actuaciones que dieron lugar a la querella, básicamente la privación de unos encargos y de un oficio en una institución diocesana como es el Cabildo Catedral, son "actos de gobierno interno de la Iglesia", realizados según su normativa propia y competencia de la jurisdicción de un Obispo Diocesano en el libre ejercicio de su ministerio.
La declaración del sacerdote y la próxima de los testigos se produce después de que el juez dispusiera en un auto, a principios del pasado mes de septiembre, "no haber lugar en el estado de la presente instrucción a acordar el sobreseimiento del caso --no se sabe si definitivo o provisional-- que, en su día, interesó el ministerio fiscal" al estimar que el arzobispo "no podía ser considerado autor" de los presuntos delitos que se le imputan: calumnias, injurias, acoso moral y coacciones.
En el escrito, el ministerio público destacó que tras la declaración del arzobispo ante el juez el 5 de junio "se desprende claramente su falta de ánimo de atentar contra el honor del querellante y su falta de intención de imputarle la comisión de ilícitos penales".
Por su parte, el juez instructor fundamentó su decisión de seguir con la causa en que "a estas alturas de la instrucción no se puede tomar una decisión sobre el destino procesal de la misma", ya que quedan, según consta en el auto, "importantes y significativas diligencias a practicar".
Entre ellas, cita el titular de Instrucción 1 de Granada "la versión del propio querellante" de los hechos, así como la de los testigos propuestos por éste.
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