IU y PA respaldan la propuesta de Junta Islámica de conceder nacionalidad española a los descendientes de los moriscos

CORDOBA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

IU y PA respaldan ya la propuesta planteada por la Junta Islámica de España a los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía en cuanto a que el Gobierno andaluz inste al Ejecutivo de la Nación a que conceda la nacionalidad española, bajo determinadas premisas, a los descendientes de los moriscos expulsados de España en el siglo XVI.

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente de la Junta Islámica de España, el cordobés Mansur Escudero, recordó que fue a iniciativa de los alumnos y profesores del curso universitario de verano 'De Córdoba a Tombuctú: Viaje al pasado y presente de la identidad andalusí', en el que él fue ponente el pasado julio en Córdoba, por lo que inició acciones para que el Estado considere españoles a los descendientes de los moriscos.

En dicho curso se llegó a la conclusión de que hay que "reparar el olvido histórico al que han sido sometidos los moriscos, a los que hay que equiparar con los judíos sefardíes", y para ello "el objetivo que se persigue es muy simple y también justo, que el Estado reconozca a los descendientes de los moriscos expulsados de Al-Andalus los mismos derechos preferentes para adquirir la nacionalidad española que ya se les concedieron a los sefardíes", según subrayó Escudero.

La actividad de Escudero con este objetivo le llevó, en primer lugar, a hacer entrega a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, a través del Registro, de la resolución del curso, en la que se expresa el argumento ya expuesto sobre los derechos históricos de los descendientes de los moriscos.

Ha sido en el segundo paso dado, en el proceso de traslado de esta resolución a los partidos políticos, cuando ha obtenido el respaldo a la misma de IU y PA, confiando Escudero en que se podrá contar igualmente con el apoyo del PSOE. La idea es que "promuevan una proposición no de Ley que dé cauce legal a la iniciativa, habiéndose determinado que la fórmula adecuada para ello sería modificando el artículo 22.1 del Código Civil, en el que ya se reconoce el derecho preferente a la nacionalidad española a los sefardíes, añadiendo el mismo derecho para los descendientes de los moriscos", según detalló Escudero.

En la exposición de motivos de la proposición, que caso de aprobarse por la Cámara andaluza hará que el Gobierno andaluz inste al Gobierno de la Nación, se propone añadir el término 'andalusíes' a la segunda excepción del citado artículo 22.1 del Código Civil. De esta forma, bastarían dos años de residencia legal, continuada, ininterrumpida e inmediatamente anterior a la petición de la nacionalidad española, para que pudieran adquirirla los nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal, sefardíes y, si así se determina, también de andalusíes.

"Con esta propuesta -argumentó Escudero-- no sólo se trata de conseguir una reparación jurídica, sino también sentimental, como símbolo de justicia histórica y expresión práctica de la Alianza de Civilizaciones que propuso en Naciones Unidas el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero".

Se trata de una medida "doblemente simbólica, tanto por su indudable trascendencia sentimental, al reparar con una sola palabra un agravio histórico de siglos, como por su probable incidencia testimonial en la práctica migratoria, debido a los requisitos legales de residencia y sobre todo de acreditación que deberá reunir el solicitante".

DECLARACIÓN DE XAUEN

Para solventar estos y otros problemas similares se han elaborado ya también propuestas en el seno del II Encuentro Internacional de Educación y Cultura sobre Alianza de Civilizaciones, celebrado en Xauen (Marruecos) el pasado noviembre, con la participación de representantes de Libia, España, Marruecos, Estados Unidos, Vaticano, Arabia Saudí, Argelia, Irán y la Unesco.

En dicho encuentro se aprobó la denominada Declaración de Xauen, pidiendo la nacionalidad española para los descendientes de los moriscos expulsados de España en el siglo XVI y, con dicho fin, se recomienda la formación de un grupo de expertos que estudie jurídicamente las condiciones legales de concesión, tomando como referente por analogía los criterios relativos a la condición sefardí contenidos en el Decreto de 29 de diciembre de 1948, la Instrucción de 16 de mayo de 1983 (BOE número 120 de 20 de mayo de 1983) y otras resoluciones sobre el particular de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

A juicio de el Encuentro de Alianza de Civilizaciones, "la naturaleza meramente indiciaria de los apellidos del peticionario, unida a la dificultad y la casuística probatoria de una condición personal de raíz histórica como ésta, obligará a la creación de una Oficina Pública para la Acreditación de la Condición Andalusí".

LOS MORISCOS

El primer decreto de expulsión de los moriscos, nombre dado a los musulmanes españoles después de la caída del reino nazarí de Granada en 1492, fue ordenado por los Reyes Católicos el 14 de febrero de 1502, aunque el final de dicho proceso llegó un siglo más tarde, con los edictos de expulsión de los moriscos dictados por el rey Felipe III los años 1609 y 1610.

Hoy en día los descendientes de esos moriscos viven en diversos países norteafricanos, como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia Mauritania y Mali.