CÓRDOBA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PP, desde la oposición, e IU, por el gobierno, se criticaron este viernes mutuamente a cuenta de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Córdoba de 2001, dando así por bueno el recurso que en su día presentó el PP, que ya obtuvo también sentencia favorable en 2004 en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En primer lugar y en rueda de prensa, el viceportavoz, el portavoz adjunto y el secretario general del grupo municipal del PP en el Consistorio cordobés, Miguel Ángel Torrico, José María Bellido, y Ricardo Rojas, respectivamente, coincidieron en exigir la dimisión del que fuera delegado municipal de Hacienda en 2001 y hoy delegado de Urbanismo y portavoz de IU, Francisco Tejada, al considerarlo responsable de que el expediente de ordenanzas fiscales "saliera adelante y se publicara" en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), aún no habiéndose aprobado por la mayoría absoluta del Pleno (lo fue por mayoría simple) y sin que se estimaran o desestimaran 232 alegaciones.
Para los populares es evidente, como así lo ha entendido el Supremo en sentencia firme, que se vulneró el procedimiento administrativo que preveía entonces la Ley para la aprobación de las ordenanzas fiscales, siendo ahora preciso que el gobierno municipal (IU y PSOE) aclare "de inmediato" qué dinero devolverá a los contribuyentes cordobeses, si el total de lo recaudado en 2001 o sólo el incremento que se aplicó respecto a las ordenanzas del año anterior, lo que, según el cálculo del PP, supondrían entre cinco y seis millones de euros.
En cualquier caso, para el viceportavoz popular, Miguel Ángel Torrico, llegó a la conclusión de que a esta situación se ha llegado porque "IU y PSOE están acostumbrados a gobernar al borde de la Ley, desde la soberbia y de forma ineficaz", lo que, en este caso, "le supondrá la puntilla definitiva a unas arcas municipales que están en el peor momento de su historia, por la irresponsabilidad del gobierno municipal", con un alcalde, Andrés Ocaña (IU), que es "el peor de la historia" de Córdoba y que actúa "de forma sectaria, sesgada e ineficaz".
RESPUESTA DEL GOBIERNO
Por su parte, el delegado municipal de Hacienda, Alfonso Igualada, explicó que "los servicios jurídicos del Ayuntamiento y los servicios técnicos del Área de Hacienda estudian ya cuáles son las consecuencias jurídicas", para el Consistorio y "ante los contribuyentes", de la referida sentencia del Supremo, si bien aclaró que existe jurisprudencia y también referencia "sobre cómo actuaron" otros ayuntamientos, gobernados por el PP, como los de Salamanca y Arévalo, ante sentencias similares. En esos casos "no devolvieron ni un euro".
Tomaron como base para ello, aunque habrá que determinar si es también aplicable en el caso de Córdoba, el artículo 19.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuya consecuencia es que, si los contribuyentes pagaron sus recibos sin impugnarlos estaban reconociendo su validez, al margen de que las ordenanzas fiscales hayan sido recurridas y finalmente anuladas.
En cualquier caso, Igualada subrayó que el Ayuntamiento acata y aplicará la sentencia del Supremo, de tal modo que "si hay que devolver" dinero a los contribuyentes, "se devolverá y, desde luego, no hay problemas de tesorería", como afirmó el PP, al que acusó que querer "sembrar la alarma social" por hablar de los millones de euros que en teoría tendrá que devolver el Consistorio a los contribuyentes y sobre la situación delicada de las arcas municipales, "cuando no es así", porque el Ayuntamiento "está pagando a sus proveedores a 90 días" y también paga las nóminas de sus empleados, algo que no ocurre "en ayuntamientos gobernados por el PP, como el de Granada".
Por último, respecto a la petición de dimisión de Tejada, el delegado municipal de Hacienda opinó que, en base a los mismos argumentos que esgrime el PP, "también tendría que dimitir Ricardo Rojas (ahora concejal en la oposición), por los 500 millones de pesetas que perdió el Ayuntamiento por su mala gestión, respecto a la Participación en los Ingresos del Estado (PIE)", cuando gobernó el PP el Ayuntamiento entre 1995 y 1999.
