ANDUJAR (JAEN), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente del colectivo de ex trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA), José Soto, dijo hoy "no fiarse, hasta que no vea los resultados", del protocolo de colaboración que firmaron ayer el Ministerio de Trabajo y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para que se establezcan actuaciones conjuntas dirigidas a la valoración médica con el fin de que pueda servir de base para un reconocimiento de la incapacidad permanente de estas personas.
En declaraciones a Europa Press, Soto afirmó que "éste es sólo un paso más" y añadió que su desconfianza viene motivada, según lamentó, "porque nos han engañado muchas veces".
Agregó que espera que "no se dilate más el procedimiento ni se alarguen los trámites", ya que todo "está suficientemente claro" tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de la iniciativa encaminada a dar una respuesta a sus reivindicaciones.
Asimismo, manifestó su disconformidad porque el Gobierno haya reconocido que el tabaco mata y haya interpuesto medidas contra él, mientras que aún no ha reconocido la causa-efecto en los casos de trabajadores que han fallecido a causa del uranio. En este sentido, manifestó que en los últimos 60 años ha habido más muertos por esta causa que por el tabaco.
Hasta la fecha, un total de 48 trabajadores de la FUA han fallecido "a causa del cáncer, degeneraciones ósea o problemas pulmonares y de riñón", por lo que el colectivo había presentado una reclamación administrativa ante el Gobierno.
En los últimos meses, los trabajadores fueron sometidos a unos reconocimientos médicos en profundidad, auspiciados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, para intentar detectar las posibles incidencias de las radiaciones sobre su salud.
EL PROTOCOLO
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, explicó en el acto que tuvo lugar ayer en la Subdelegación del Gobierno en Jaén, que esta iniciativa pretende demostrar que los fallecimientos y las enfermedades de estos trabajadores "son consecuencia" de haber estado expuestos a radiaciones ionizantes sin la protección adecuada durante los 22 años de actividad de la FUA, entre 1959 y 1981.
Este acuerdo contempla la constitución de un grupo de trabajo integrado por expertos que definirá las actuaciones más adecuadas para realizar esta valoración. En concreto, se estudiarán todas las pruebas diagnósticas y los informes de especialistas para la determinación del menoscabo funcional de estas personas, así como recabar la información necesaria sobre sus puestos de trabajo para valorar los riesgos de exposición sufridos por cada uno de ellos.
El ministro subrayó que la declaración de incapacidad permanente se realizará según "lo que indiquen los informes médicos" y, aunque recalcó que el Gobierno tiene "la voluntad expresa de resolver" este asunto, recordó que "se necesita unos instrumentos probatorios y unas acreditaciones específicas" que demuestren esa relación causa-efecto.
