JAEN, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
El abogado de los padres de la niña de Segura (Jaén), que reclaman 1,8 millones de euros a la Junta por la retirada de la tutela de la menor tras ser acusados de unos malos tratos que finalmente no se demostraron, consideró hoy que la resolución judicial sobre Iván y Sara es "muy alentadora" y que "abre un camino a la esperanza" para casos como éste, que todavía se encuentran en pleno proceso judicial.
En declaraciones a Europa Press, el letrado, Francisco Herrera, manifestó que la resolución de la Audiencia de Sevilla es "muy afortunada" y, aunque reconoció que sólo la conocía "superficialmente", consideró que "nos va a ayudar porque es una resolución pionera" con la que "parece que ya ha llegado el momento de la justicia" para este tipo de casos.
No obstante, Herrera subrayó que el hecho de que "te quiten a un hijo es algo que no se paga con nada" y agregó que todos los casos similares a éste que él ha tenido suponen "un auténtico calvario para padres y familiares", del que, según aseguró, no podrán llegar a resarcirse, "aunque la cantidad de dinero que se conceda parezca muy elevada", dijo en alusión a los 1,4 millones que la Junta deberá abonar a la madre de Iván y Sara.
El letrado se mostró partidario de que los procedimientos "sean más rápidos" en este tipo de casos y abogó por que "lo primero que se haga sea tratar por todos los medios de no sacar al menor de su ámbito familiar". "Esta debería ser la última solución", opinó.
Los padres de la niña de Segura presentaron una demanda en el TSJA para reclamar a la Junta una indemnización de 1,8 millones de euros después de que el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Villacarrillo decidiera sobreseer las diligencias previas abiertas al no hallar pruebas ni indicio alguno de que las lesiones que sufrió la menor de nueve años de edad fueran causadas por malos tratos por parte de sus padres.
Las diligencias se abrieron el 3 de julio de 2002 a raíz de un parte médico del hospital Reina Sofía de Córdoba basado en otro parte emitido por facultativos del San Juan de la Cruz de Ubeda, donde se apuntaba la posibilidad de que esta niña hubiera sido maltratada por sus progenitores.
El informe médico provocó la intervención de la Consejería de Asuntos Sociales, que declaró en desamparo provisional a la menor y retiró la custodia a sus padres, ingresándola en un centro de menores en la Carolina, de donde salió posteriormente al comprobar a través de informes psicológicos que no existían señales de maltrato.
