Jaén.- Tribunales.- Desestimado el recurso contra la dueña de un hotel de Cazorla acusada de ampliar el establecimiento

JAEN 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El titular de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Jaén ha desestimado el recurso de apelación presentado por el ministerio fiscal contra la propietaria del hotel Noguera de la Sierpe, en Santo Tomé (Jaén), que fue absuelta por el juzgado de lo Penal número dos del delito contra la ordenación del territorio que se le imputaba por una obra de ampliación "no autorizada" en esta infraestructura turística, que se encuentra ubicada dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, también desestima el recurso presentado por la defensa de la acusada, Lucía F.M., y confirma la emitida por el penal dos, que sí condenó a seis meses de prisión a la empresaria por un delito de desobediencia al continuar con las citadas obras a pesar de la orden de suspensión dictada por la Consejería de Medio Ambiente.

La acusada, esposa del vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, José Manuel Ledesma, declaró en el juicio que siempre actuó "pensando que no había ningún problema" y que tampoco había "ningún exceso en la edificación".

Los hechos se remontan al año 2000, cuando la acusada pidió permiso a la Consejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Santo Tomé para acometer una obra de ampliación en su hotel destinada a acoger una sala de convenciones, obteniendo autorización para ello.

Sin embargo, Lucía F.M. solicitó después un cambio de uso con el fin de que esa ampliación acogiera 14 apartamentos distribuidos en dos plantas en lugar de la sala de convenciones. En mayo de 2003, la Consejería ordenó la suspensión de las obras tras considerar que esa actuación "carecía de legalidad", al comprobar que se había construido una ampliación de dos plantas cuando lo que presuntamente estaba determinado en el permiso inicial era una sola planta.

Según dijo la Fiscalía, las obras continuaron a pesar de esa orden de la Junta y llegaron finalmente a su término meses después, siendo los 14 nuevos apartamentos utilizados, siempre según el Ministerio Público, como plazas de hospedaje rural para turistas.

La acusada aseguró que los trabajos continuaron porque el Ayuntamiento le dijo que "no había ningún problema" con la orden de la Junta, ya que en ese momento se estaba tramitando el expediente con su petición de cambio de uso.

Además, indicó que las medidas de la obra son prácticamente idénticas --"incluso un poco menores"-- que las aprobadas en la primera autorización, en la que, según agregó, también se permitía una altura "equivalente a dos plantas".

Igualmente, negó que los apartamentos se estuvieran utilizando como plazas hoteleras y subrayó, por el contrario, que se construyeron para facilitar el alojamiento a los empleados de este establecimiento.