JAEN, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal solicita cuatro años de prisión para un empresario y un trabajador que serán juzgados mañana por el robo de varias piezas de un yacimiento arqueológico romano en Jaén.
En el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal imputa a Rafael C.D. y José María R.F. sendos delitos contra el Patrimonio Histórico y de hurto y pide igualmente el pago de una multa de 5.400 euros y de una indemnización a la Junta por los daños producidos en el yacimiento, valorados inicialmente en 150.000 euros. El juicio se celebrará en el juzgado de lo penal número tres de Jaén.
Los hechos se remontan a principios de febrero de 2004, cuando Rafael C.D., que realizaba unas obras de un colector en la zona de Expansión Norte a unos 40 metros de distancia de una almazara romana, decidió "adueñarse" de varias piezas de "indudable" valor del citado yacimiento, según relata el fiscal.
Para ello, presuntamente encomendó las operaciones necesarias a su empleado José María R.F., quien, el 6 de febrero, procedió supuestamente a extraer de los pozos correspondientes tres de los contrapesos de piedra de la almazara --valorados en 14.000 euros cada uno-- y seis sillares, utilizando para ello una máquina retroexcavadora de cadenas que usaban en las obras del colector.
A continuación, los objetos fueron depositados en un camión y trasladados "a indicación" de Rafael C.D. a un solar de su propiedad en el polígono industrial La Dehesa, en la carretera de Fuerte del Rey, donde dichas piedras expoliadas fueron intervenidas el 10 de febrero de 2004, una vez denunciados los hechos.
Como consecuencia de la sustracción de esas piezas, dada la forma y los medios empleados, el yacimiento sufrió "un grave daño", prosigue el Ministerio público, quien apuntó que la valoración económica del conjunto de las piezas sustraídas y de la restitución arqueológica asciende a 150.000 euros.
El yacimiento consistía en una almazara romana datada en la primera edad imperial --siglos I y II de nuestra era-- y fue includio en noviembre de 2003 en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz. El acusado Rafael C.D. era el titular de la entidad que actuaba como subcontratista de Aqualia en unas obras ubicadas a unos 40 metros de distancia del yacimiento, que, tras la intervención arqueológica pertinente, había sido señalizada mediante vallas que se sustituían conforme se deterioraban con el transcurso del tiempo.
