JAEN, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El intendente de la Policía Local en Jaén, acusado de agredir a un agente por intentar denunciar a sus superiores que un tercer policía prestaba servicio en estado de embriaguez, admitió hoy que le agarró por el brazo con el fin de echarle de la oficina en la que se encontraban, si bien aseguró que las lesiones que presentaba se las produjo fuera de la Jefatura.
En el juicio, que quedó visto para sentencia en el juzgado de Instrucción número tres de Jaén, el intendente Manuel S.R. subrayó que el agente supuestamente agredido entró el 8 de octubre de 2004 en la oficina de atestados con el fin de interponer la denuncia, si bien al considerar los hechos estimó que no había pruebas de cargo contra el otro agente, identificado como Juan M.R., por lo que conminó al denunciante a que abandonara la oficina.
No obstante, aseguró que tras requerirle que saliera de las dependencias el denunciante se opuso e insistió en practicar la prueba de alcoholemia a Juan M.R., por lo que admitió que le cogió del brazo para se fuera en un acto de "compulsión", pero sin que mediara agresión alguna, según indicó.
Asimismo, declaró que el denunciante penetró en la oficina sin avisarle de que llevaba una grabadora en la que estaba registrando la conversación, grabación que se presenta como prueba en el juicio de faltas, por lo que negó la legitimidad de esa cinta.
Por su parte, el agente supuestamente agredido, Silverio F.R., testificó que no abandonó la oficina de atestados tras los requerimientos del intendente porque no le había argumentado los motivos por los que no era conveniente realizar la prueba de alcoholemia. Así, indicó que, tras acusarle de no ser imparcial, le advirtió de que le estaba grabando y que al negarse a parar la grabación le cogió por el brazo "con fuerza" con intención de sacarle, produciéndole supuestamente las lesiones que le dejaron 14 días incapacitado.
Ante estos hechos, el ministerio fiscal solicitó la libre absolución del acusado en base a que la condena por un delito de lesiones exige el ánimo de dañar, intención que aseguró no se aprecia en el intendente. A esta petición se adhirió la defensa, que tildó de "indisciplinado e insubordinado" al denunciante, al tiempo que le acusó de "obstaculizar" la labor del intendente y de motivarse en "ánimo de venganza". Asimismo, el letrado de la defensa aseveró que el intendente "no se equivocó en usar la fuerza", motivos por los que pidió una sentencia absolutoria.
Por su parte, la acusación particular solicitó el pago de una multa de 180 euros y el abono de una indemnización de 686,42 euros por una falta de lesiones alegando que el intendente se "extralimitó" al usar la fuerza para expulsarle de la oficina.
