GRANADA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha presentado este miércoles en Granada el informe "Prospectiva estratégica para el sector agroalimentario andaluz y extremeño", promovido por la Comisión de Agroindustria de la entidad y realizado por Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Monte, ETSIAM, de la Universidad de Córdoba.
El informe ha sido presentado en la jornada "Estrategias para afrontar los retos 'imposibles' de las nuevas políticas agrarias", que ha patrocinado Caja Rural Granada. El acto ha sido presidido por Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de Cesur, y ha sido presentada por el coordinador del informe, Pablo Lara, ingeniero Agrónomo y Profesor Titular de ETSIAM.
La jornada también ha contado con una mesa coloquio en la que han participado Enrique Colilles, director General de Trops; Ignacio Elola Zaragüeta, jefe de Lactalis Iberia; Jesús García Puertas, consejero delegado de Grupo La Caña; Eduardo Valverde Granados, director general de Conde de Benalúa; y, como moderador, Juan Antonio García Guerrero, jefe de gabinete técnico de Caja Rural Granada.
En el encuentro ha sido debatido que en Andalucía, el sector agroalimentario (sector agrario e industria de alimentación y bebidas) es una de las principales fuentes de generación de riqueza y empleo.
En conjunto, las actividades agroalimentarias aportan en torno al 15% del Valor Añadido Bruto (13.000 millones de euros), el 17% del empleo regional (unos 500.000 trabajadores) y suponen el 40% del valor de las exportaciones regionales.
En el contexto nacional, Andalucía representa alrededor de una cuarta parte del valor de la producción agraria en España y aporta más de un 30% del valor añadido y el empleo del sector agrario nacional.
En ese marco, el foro ha puesto de relieve las medidas comunitarias que están afectando y van a afectar "dramáticamente" al sector agroalimentario andaluz, como la Estrategia de la Granja a la Mesa, que supondría, según diversos estudios, reducciones de la producción entre un 10 y un 16%, una disminución de los ingresos y la renta de los agricultores entre un 16 y un 25%, la pérdida de competitividad de las explotaciones respecto a países terceros y el deterioro de la balanza comercial.
Además, el Reglamento de Uso sostenible de los productos fitosanitarios para reducir el uso de plaguicidas en un 50% puede suponer reducciones de la producción de hasta un 25%, al no disponer de herramientas que puedan sustituirlos con la misma eficacia; mientras el incremento de la superficie dedicada a la producción ecológica "disminuirá la producción agraria y comprometerá la rentabilidad de los productores ecológicos si el incremento de la oferta no es consecuencia de la tracción de la demanda".
En cuanto al bienestar animal, la iniciativa sobre el fin de las jaulas puede requerir inversiones en nuevas instalaciones a nivel de la UE entre los 2.100 y los 3.500 millones de euros en el caso de la producción porcina, y en la producción avícola unos 3.200 millones de euros, como mínimo, "costes que difícilmente se recuperarán completamente", según lo debatido.
La jornada ha puesto además de relieve que las normativas sobre la degradación forestal "multiplican la carga económica y administrativa y amenazan la competitividad del sector ganadero", además de que la regulación sobre la reducción del uso de los plásticos incorpora un impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, que la patronal de la industria de la alimentación y bebidas de España (FIAB) calcula que tendrá "un impacto de 690 millones de euros para las empresas de este sector".
En paralelo, el debate ha planteado que la propuesta de directiva de emisiones industriales incluye medidas para restringir las emisiones en las instalaciones industriales, incluidas las industrias agroalimentarias y las explotaciones con un determinado tamaño, que obliga a "una serie de requisitos que suponen de nuevo unos mayores costes de explotación y una reducción de las producciones".
Del mismo modo, pesa "la falta de una política de gestión del agua realista y acorde con la nueva realidad". "En el contexto de políticas europeas es especialmente necesario el reconocimiento del déficit hídrico estructural en el Sur de España y la necesidad de acometer un plan que solvente esta situación y reduzca la exposición al cambio climático que está llevando al campo del Sur de España a pérdidas millonarias", señalan las conclusiones de este debate.
Así, ha sido acordada una petición al Gobierno para que implemente dinero de los Fondos Next Generation que no se están aplicando a otros menesteres, para invertir en infraestructuras hídricas y de transporte, embalses o la tramitación rápida de nuevas plantas desaladoras.
"Una parte importante del sector agrario andaluz está vinculado a la agricultura de riego, siendo la primera Comunidad Autónoma en superficie irrigada (aproximadamente el 30% del total de la superficie nacional regada). Cuenta además con los sistemas de riego más avanzados y eficientes. El riego por goteo supones casi el 80% de la superficie de riego frente al 45% nacional. La agricultura andaluza ya ha trabajado para hacer frente a los ciclos meteorológicos con fuertes inversiones que suponen un ahorro medio de consumo de un 30%. La apuesta de las administraciones para garantizar el suministro no ha sido paralela a la de los regantes por optimizar su uso", señalan las conclusiones del foro.
Igualmente, ha sido reclamado "un estricto control de la Unión Europea sobre las importaciones procedentes de terceros países que exija a dichos países los mismos estándares de calidad que se aplican a las producciones europeas. Lo contrario es consentir la competencia desleal contra sus socios comunitarios".
