La jueza pide a Adif abstenerse de tareas de mantenimiento que iba a realizar en Adamuz

CÓRDOBA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La juez del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número 2, ha requerido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), a través de una providencia, para que se "abstenga de realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria, tramo de Adamuz, donde el pasado domingo 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 herido en el siniestro ferroviario, todo ello, sin preaviso a este órgano judicial con 15 día de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización de los trabajos a previa autorización judicial.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la juez ha acordado esta medida después del correo remitido por Adif el día 2 de marzo de 2026 por el que informaba sobre la realización de tareas de mantenimiento de la red ferroviaria en el citado tramo previstas para la noche del día 3 al 4 de marzo, "consistentes en el cambio de una sección de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2".

Este requerimiento se produce después de que la propia jueza requiriera a Adif que se abstuviera de "realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa" sobre el siniestro ferroviario. Así lo expuso la instructora en una providencia el día 10 de febrero, después de que la Guardia Civil le avisara días antes en un oficio de que personal de Adif se llevó material de la zona en la madrugada cuatro días después del suceso, ocurrido el domingo 18 de enero, y practicó distintas pruebas "sin advertirlo, ni solicitarlo".

En este sentido, la jueza requirió a Adif que se abstuviera de practicar "cualquier prueba sobre la material extraído, si no es previa autorización judicial", a la vez que le pidió "la restitución inmediata del material que obre en su poder, todo ello bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal que resultara procedente".

Al respecto, en el oficio de la Benemérita sobre "posible irregularidad" por parte del personal de Adif, se exponía que "con ocasión de las gestiones de investigación" para "el esclarecimiento de los hechos" que instruye el Juzgado, se participa que, con fecha de 6 de febrero, se tomó manifestación al responsable de la Base de mantenimiento AVE de Adif en Hornachuelos (Córdoba).

"ORDEN VERBAL"

En su manifestación, informaba de que el día 22 de enero "recibió orden verbal del jefe de Área de Adif, para que se procediera a la retirada de cupones de raíl, entre las que hay soldaduras, y su traslado hasta la base de mantenimiento AVE, lo que se llevó a cabo entre la noche y madrugada del citado día 22 y el 23 de enero".

También declaró que "se han realizado ensayos sobre los citados rieles, ignorando este instructor, el alcance de las pruebas que afirmó el compareciente que fueron de dureza, aunque manifestó que no fueron destructivas", según se indica en el oficio.

Entre los cupones en los que se encontraban las soldaduras sobre las que se han realizado los ensayos, "pudieran encontrarse las que pretendía analizar la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y sobre las que se solicitó autorización judicial en oficio de fecha de 3 de febrero".

El día 30 de enero, por parte de agentes de la Benemérita, en compañía de personal de la CIAF, se trasladaron a la zona del accidente, "al objeto de tomar nuevas mediciones del bogie y eje del bogie del vagón 8 de Iryo, además de otras complementarias en las soldaduras existentes en el tramo, siendo informados de que los cupones con las soldaduras se habían trasladado hasta la base de Adif en Hornachuelos".

ADVERTENCIA A ADIF

El día 2 se envió un correo electrónico a Adif, advirtiendo de que "no se realice ningún tipo de actuación en las soldaduras, sin autorización previa". El día 3 se desplazaron agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Córdoba para llevar a cabo el precinto de las soldaduras depositadas en la Base de Hornachuelos y por parte de CIAF se solicitó el traslado del cupón de rail desde la zona de obra a la Base de Mantenimiento, correspondiente al número 8, "que así mismo quedó precintado".

En el oficio de la Guardia Civil se significa que hasta el día 28 de enero "no se comunicó a Adif que disponía de autorización para acceder a la zona del accidente", concretamente "no existe inconveniente para que se inicien las labores de reconstrucción y restablecimiento del servicio ferroviario, accediendo con maquinaria pesada o la que ustedes consideren oportuna, a la zona del accidente".

A la vista de lo expuesto, el instructor del Instituto Armado consideró que "personal de Adif realizó distintas operaciones tendentes a la extracción y traslado de material desde la zona del accidente hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos y practicó distintas pruebas en el material, sin advertirlo ni solicitarlo".

APERTURA DE LAS CAJAS NEGRAS

Este mismo jueves, las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid ha acogido este jueves la apertura de las cajas negras de los dos trenes siniestrados. El Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, encargado de la investigación del siniestro, autorizó el pasado 26 de febrero el acceso, extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes siniestrados, así como el acceso y extracción de los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo.

En concreto, la juez autorizó el empleo de cualquier programa informático que verifique "la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés".

El proceso de volcado, extracción y análisis deberá realizarse en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantarán acta del procedimiento, "obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos", conservando una copia en su poder para continuar con la investigación y haciendo entrega de otra copia de forma inmediata al órgano judicial.

Toda la diligencia se practicará en presencia de un Letrado de la Administración de Justicia, que extenderá la correspondiente acta judicial.

Finalmente se optó por no trasladar el material a analizar a Montoro para evitar los riesgos que implicaría un posible desplazamiento de los equipos de grabación hasta dependencias judiciales de la localidad cordobesa. Así, la instructora indica en su auto que "para garantizar la unidad de acto y evitar riesgos que puedan comprometer la extracción de datos" considera justificado que se realice en el lugar en el que se encuentran.

Para ello, el Tribunal de Instancia de Montoro ha enviado un exhorto al Juzgado de Guardia de Madrid para que comisione un Letrado de la Administración de Justicia para que se persone en dicha diligencia junto con la Policía Judicial, "todo ello en garantía a la salvaguarda de las piezas de convicción que resulten de la práctica de la diligencia, así como de la indemnidad de la cadena de custodia en el proceso de extracción".