La Junta avala que la Audiencia de Sevilla vaya al TJUE por los ERE ante temor de quedar "impune un fraude monumental"

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha ofrecido este martes su apoyo a la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) por el recurso de amparo de los exaltos cargos socialistas que le empuja a elaborar una nueva sentencia.

Sanz ha considerado que esta iniciativa de la Audiencia de Sevilla tras un periodo de debate y consulta a las partes personadas "es una decisión coherente y necesaria" ante el riesgo de que quede "impune este monumental fraude".

En un audio remitido a los medios de comunicación, el consejero ha expresado la confianza de la Administración autonómica en que la justicia europea "ponga cordura", antes de ratificarse en que este paso dado por la Audiencia de Sevilla "era lo que debía hacer" ante un ejercicio por parte del Constitucional que ha calificado de "posible extralimitación e intromisión en las funciones del Tribunal Supremo".

"Europa tiene que posicionarse", ha proclamado Antonio Sanz, quien se ha declarado convencido de esta vía judicial, de la que la Junta de Andalucía quería ser partícipe para "ser oídos como parte claramente perjudicada en defensa del interés general de los andaluces".

El consejero de la Presidencia ha señalado que la posición del Constitucional ante los recursos de amparo de los condenados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, "pueden provocar una gravísima impunidad parcial del mayor caso de corrupción política de España".

Ha sostenido que las sentencias del Tribunal Constitucional tras los recursos de amparo "pone en peligro, no solo las responsabilidades penales en este caso de corrupción, sino la posibilidad de la propia Junta de Andalucía de recuperar gran parte del dinero que se ha defraudado".

Ha reivindicado el trabajo del Consejo de Gobierno desde la llegada del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Andalucía en enero de 2019 de "hacer todo lo posible para recuperar ese dinero" y ha enumerado aquí iniciativas como acciones civiles, penales, el uso del procedimiento administrativo de revisión de las ayudas concedidas para su reintegro, de las que ha indicado que se han acometido 244 reclamaciones, antes de ratificar que "la Junta de Andalucía está personada en todas las causas como acusación particular", así como con "demandas de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas".

"Este Gobierno quiere evitar que el inmenso fraude que se cometió quede impune", ha remachado sobre la actitud del ejecutivo autonómico en este sentido.

Sanz percibe como "cada vez más claro" que "el Tribunal Constitucional ha querido suplantar la labor del Tribunal Supremo" y ha expresado su deseo de que "se ponga freno a una más que posible extralimitación a través de la decisión definitiva del TJUE".