La Junta y el CGPJ firman un convenio para la formación de jueces y magistrados con un presupuesto de 144.000 euros

Actualizado: lunes, 17 abril 2006 17:48

GRANADA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María José López, y el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Carlos Campo, firmaron hoy con certificación digital un convenio para la formación de jueces y magistrados en 2006 con un presupuesto de 144.000 euros, cuya financiación corresponde a ambas instituciones al 50 por ciento.

Entre las actividades formativas previstas para este año, un total de 16 en las que se prevé la participación de 540 asistentes, se debatirán entre otros asuntos el ordenamiento jurisdiccional contencioso-administrativo, civil, penal y social.

Además, cuestiones relativas a violencia de género, formación de justicia de paz, curso on-line de cooperación internacional, estancia en instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como jornadas del gabinete jurídico de la Junta son otras de las cuestiones.

En principio, los cursos estarán especializados para cada orden jurisdiccional, aunque cuando así lo establezca una actividad concreta podrá acceder cualquier magistrado o juez independientemente del ámbito en que preste sus servicios y también funcionarios y profesionales relacionados con el contenido del curso.

La consejera destacó el objetivo de mantener la colaboración que tan "excelentes" resultados ha proporcionado, así como incrementar e intensificar estas actuaciones para potenciar el espacio de "discusión, aprendizaje y reciclado de conocimientos" entre los profesionales de la judicatura, fomentando el análisis y el debate en materia judicial.

Por su parte, el vocal territorial del CGPJ, Juan Carlos Campo, agradeció la "colaboración y el compromiso" de la Junta, adquirido en 1992, en materia de formación de jueces y magistrados que, en ocasiones, "trasciende de la comunidad autónoma".

En este sentido, se refirió a la formación en materia medioambiental que ha dado la posibilidad al poder judicial de debatir cuestiones tan relevantes y tan de actualidad como los delitos urbanísticos en el litoral.