SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el Decreto-ley 5/2023 para derogar, a su vez, el Decreto 103/2022 sobre el Reglamento de autorización administrativa, declaración responsable, comunicación, acreditación y registro de entidades, centros y servicios sociales de Andalucía.
La norma se ha publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y entra en vigor en esta misma jornada y lleva la firma conjunta del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.
La Junta de Andalucía justifica la urgencia del Decreto-ley a partir de las exigencias que se derivan de un acuerdo de 28 de junio de 2022 sobre homologación de las condiciones de los centros del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Ese acuerdo se aprobó en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 11 de agosto.
El Gobierno andaluz esgrime que ese acuerdo fue posterior a su decreto, el 103/2022, y que se ha adherido a él en marzo de este año y que de ello se imponen "requisitos comunes de acreditación" para los centros residenciales en aspectos como los recursos materiales y el equipamiento, así como sobre el personal y el trato que se ofrece a los usuarios.
Entre esas exigencias figuran, según describe la Junta de Andalucía, "limitaciones al número máximo de plazas, la obligatoriedad de implantar determinados cupos de habitaciones individuales, así como la de configurar la atención en torno a las denominadas unidades estables de convivencia, con un máximo de 15 personas en cada una de ellas".
La Junta de Andalucía reconoce la repercusión de ese acuerdo estatal del Consejo Territorial de Servicios Sociales, que empuja a un cambio de modelo por cuanto exige "importantes modificaciones a nivel estructural, de instalaciones, de recursos humanos y de funcionamiento de estos centros" y que ante este escenario la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad "considera absolutamente necesaria la redacción de un nuevo decreto que no colisione con la realidad de un sector esencial en la sociedad andaluza".
El Gobierno andaluz concluye que es "imprescindible proceder a la derogación del Decreto 103/2022 con carácter urgente dado que su entrada en vigor está prevista con carácter inminente", para seguidamente "iniciar los trámites para la aprobación, con carácter de urgencia, de un nuevo Reglamento entidades, centros y servicios sociales de Andalucía".
Con este cambio legal la Administración autonómica pretende hacer compatible que "los servicios y centros de servicios sociales continúen con su actividad dentro de un marco jurídico adecuado, estable, realista", con que no haya "una merma para las personas en situación de dependencia y sus familias", además de no "renunciar a incrementar los niveles de exigencia" sobre los centros residenciales y "sin que ello
suponga la pérdida de actividad económica y puestos de trabajo".
CERCA DE UN MILLAR Y MEDIO DE CENTROS RESIDENCIALES Y DE DÍA
El Gobierno andaluz ha indicado este martes en una nota que en la actualidad hay 1.470 centros de atención residencial y centros de día tienen vinculación jurídica con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para prestar servicios a personas en situación de dependencia.
A fecha de 31 de mayo de 2023, 27.125 personas son atendidas con el servicio de atención residencial y 14.261 personas en servicios de centros de día.
A ello suma las 4.370 personas que reciben una prestación económica vinculada al servicio que reciben en un centro y que, en total, 45.756 personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia se atienden en estos centros.
