SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha manifestado este miércoles que el objetivo del Gobierno andaluz es contar, antes de final de año, con la normativa para la constitución de la nueva renta mínima de inserción, de manera que se va a trabajar "con celeridad". Se ha mostrado convencida de que este asunto llegará a "buen puerto".
Tal y como anunció la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el pasado debate general en el Parlamento sobre la situación de Andalucía, se trata de la constitución de "una renta mínima de inserción social como prestación garantizada del sistema público de Servicios Sociales de Andalucía" y cuyos beneficiarios serán las familias que dispongan de unos recursos mensuales inferiores a 415,35 euros si es una sola persona.
La constitución de esta renta mínima de inserción social como prestación garantizada del sistema público de Servicios Sociales de Andalucía conllevará la modificando del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, que creó el ingreso mínimo de solidaridad.
La consejera ha indicado en comisión del Parlamento que el objetivo del Gobierno andaluz es erradicar la pobreza, que es una gran fuente de exclusión social y marginación. Los beneficiarios de esta renta mínima de inserción serán las familias que dispongan de unos recursos mensuales inferiores a 415,35 euros, si es una sola persona. La Junta estima que más de 42.000 personas podrían ser beneficiadas por la renta mínima de inserción.
Estas familias, por un máximo de doce meses, recibirán una prestación económica mensual del 78 por ciento del Iprem, incrementada en un diez por ciento por cada persona integrante de la unidad familiar distinta de la persona solicitante de la misma, hasta un máximo equivalente del 125 por ciento de dicho Iprem.
Sánchez Rubio ha indicado que esta renta mínima tiene que ir acompañada además de un plan de inclusion y laboral, que afecte al ámbito formativo y educativo y que permita el acceso al mercado de trabajo.
La consejera también ha aprovechado para plantear la necesidad de que el Gobierno central impulse un sistema de garantía de renta de carácter estatal, que puede venir de manera contributiva o no contributiva. Esto se uniría, según ha indicado, a la renta mínima de inserción que la Junta va a constituir y, en consecuencia, desde las dos administraciones se tratará de cubrir las necesidades básicas de miles de familias.
Por su parte, la diputada del PP-A Ana Vanessa García ha indicado que el anuncio de la presidenta sobre la renta mínima de inserción pareció más bien fruto de una "ocurrencia" y ha confiado en que ya no haya "más vaivenes" en esta materia y sea la defitiva. Ha pedido a la Junta que explique cual es el instrumnento normativo que se va a autilizar para que de verdad esa renta sea un derecho subjetivo.
Ha señalado que la cifra estimada de unas 42.500 familias beneficiadas por la renta mínima de inserción es claramente "insuficiente".
El diputado de Podemos Jesús Romero ha indicado que la constitución de la renta mínima de inserción era, sin duda, "un trámite obligado" tras las deficiencias detectadas por el Defensor del Pueblo Andaluz sobre la gestión de las ayudas a las familias por parte de la administración. Ha apuntado que el objetivo debe ser la creación de la renta básica de ciudadanía, como marca el Estatuto de Autonomía.
