JAÉN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, ha hablado de la realidad en Andalucía de la existencia de construcciones ilegales, para destacar que es "responsabilidad" del Gobierno autonómico estudiar las "singularidades" y determinar cuáles pueden ser normalizadas, para lo que hay "muchas soluciones", sin descartar, en cualquier caso, la demolición en aquellas que no puedan ser legalizadas debido a su ubicación en zonas inundables o de especial protección.
Así lo ha explicado en Jaén, donde ha asistido a la presentación del primer tren del tranvía de esta ciudad, que también cuenta con este tipo de zonas, como ocurre en otras localidades como Córdoba o el litoral costero, según ha ejemplificado Cruz Villalón.
En este sentido, ha señalado que muchos ayuntamientos, como el jiennense o el cordobés, se encuentran en un proceso, "con un gran esfuerzo, de legalización de todo lo que pueda ser legalizado", lo que implica que los vecinos afectados contribuyan al pago del coste de las infraestructuras y equipamientos que no tienen esas barriadas y que sí tienen y han pagado los vecinos en los suelos que han crecido normalmente en una ciudad".
"Ahora bien, también hay una parte que no puede ser legalizada por su ubicación y forma parte de la responsabilidad del Gobierno la identificación y delimitación de las zonas que son inundables. En este caso, es cierto que algunas, con obras hidraúlicas que se están acometiendo, pueden quedar en zona no inundable pero hay algunas que están en el dominio público, en el lecho de inundación del río", ha explicado. Por ello, la consejera ha insistido en que en el ejercicio de su responsabilidad la Junta debe "puntualmente y muy precisamente determinar qué es lo que se puede legalizar y lo que se ha construido en unas condiciones que no se puede legalizar".
DESARROLLO DE ESTUDIOS
Al respecto, preguntada por si en estos casos se podría llegar al derrumbe de las edificaciones, Cruz Villalón ha indicado que "si hay que ir a la demolición, se irá a la demolición". No obstante, ha querido recordar que el número de construcciones en situación ilegal en la comunidad es "muy elevado y cada una tiene una singularidad", de modo que "no hay una solución única; hay muchas soluciones" en tanto "los casos hay que verlos de forma individualizada", para lo que está el planeamiento urbanístico.
De esta forma, ha dicho que hay vecinos que ya están pagando la legalización de sus casas costeando las infraestructuras al tiempo que se desarrollan estudios para identificar áreas dentro o fuera de una zona inundable o en una protegida arqueológicamente. "Cuando el crecimiento es legal todo eso está hecho en el proceso de un PGOU con los informes de distintas áreas. Cuando hay que legalizar lo que se construyó sin ese requerimiento mucho podrá ser legalizado, pero habrá una parte que si están en dominio público, en una zona forestal protegida o arqueológica difícilmente podrá ser legalizado", ha apostillado.
La titular de Obras Públicas y Vivienda, por otro lado, ha preferido no entrar en la posibilidad planteada por el Ayuntamiento de Córdoba para viviendas en estas zonas, concretamente en las ubicadas en zona inundable, para dar facilidades para acceder a viviendas de protección oficial quienes acepten derribar sus casas.
"No quiero repetir para no corregirlo o decir algo que ellos no han dicho. Ellos apuestan por una solución, pero no quiero entrar en la decisión. Si él (el alcalde de Córdoba) tiene vivienda protegida para darle cabida no quiero entrar en unas declaraciones y una política que es municpal y que es comptencia de él resolverla", ha zanjado.