La Junta esgrime que "no queda más remedio" que llevar al TC el impuesto a grandes fortunas porque "es contra Andalucía"

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha defendido este viernes que el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía trabaje en la redacción de un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas del Gobierno por estimar que "no queda más remedio que defender en el ámbito político y jurídico" los intereses de la Comunidad por estimar que "es un impuesto contra Andalucía", por cuanto anula la decisión de la Junta de bonificar al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla tras presidir la reunión del Consejo Rector de la Agencia Digital de Andalucía, Sanz se ha reafirmado en el argumento de que "estamos ante una decisión claramente perjudicial para Andalucía", por lo que ante ese supuesto "tenemos la obligación de defender los intereses de nuestra tierra", convencido de que el impuesto a las grandes fortunas "es una decisión unilateral que pretende perjudicar y generar inseguridad a los inversores en Andalucía".

A juicio del consejero de la Presidencia, "el Gobierno de Sánchez demuestra que no acepta que Andalucía progrese, avance, que haya actividad económica, se incrementen las inversiones y le sienta mal que Andalucía avance, funcione", para poner de manifiesto entonces que "este impuestazo, sorprendemente, a otras comunidades autónomas que han tomado estas medidas no han tenido esta reacción del Gobierno".

Con la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional por el Gabinete Jurídico de la Junta ha recordado Sanz que el Gobierno andaluz reclamará también "la suspensión cautelar" de la Ley 38/2022 por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas y se modifican determinadas normas tributarias, publicada el día 28 de este mes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "para evitar los perjuicios que pueda suponer la aplicación del impuestazo".

Tras asegurar que la Abogacía de la Junta tiene "los trabajos muy avanzados", Sanz ha indicado que "nos encontramos en plazo" para la presentación del recurso, que es de tres de meses desde la entrada en vigor de la norma que se pretende recurrir, que en el caso de la ley 38/2022 es de 29 de diciembre.