CÓRDOBA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha anunciado este miércoles que la Junta de Andalucía está estudiando la fórmula legal para ampliar el plazo que tiene la sociedad adjudicataria de la Ciudad de la Justicia de Córdoba para comenzar las obras de la misma, siempre y cuando las empresas encargadas de la ejecución del complejo judicial no encuentren financiación antes del próximo 23 de julio, fecha en la que se cumplen cuatro meses de la firma del contrato para la ejecución y explotación de la futura infraestructura.
En declaraciones a los periodistas y tras reunirse en la Audiencia Provincial de Córdoba con las autoridades judiciales de la provincia, el consejero ha recordado que el pasado 23 de marzo se formalizó el contrato público que permitirá construir la Ciudad de la Justicia con la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las compañías Corsán-Corviam Construcción, S.A.-Copcisa Industrial y S.L.U-Detea, S.A.
De Llera, que ha estado acompañado por la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, y que se ha reunido, entre otros, con el presidente y el fiscal jefe de la Audiencia cordobesa, Eduardo Baena y José Antonio Martín-Caro, respectivamente, ha explicado que, llegados al día 23 de julio y si así lo solicita formalmente a la Consejería la sociedad adjudicataria, la Junta va a estudiar ofrecerle un plazo de prórroga para que pueda así disponer de un margen razonable de tiempo para encontrar los recursos financieros necesarios para su ejecución.
"Si legalmente no fuese posible ampliar el plazo --ha aclarado--, la Junta recurriría al segundo postor en la licitación", pues, según asegurado ha resaltado el consejero, "hay que buscar el resultado más práctico" para la construcción de la infraestructura.
En este sentido, la sociedad adjudicataria ha trasladado a la Consejería que está negociando actualmente con varias entidades financieras para poder contar con el apoyo financiero necesario para comenzar las obras, bajo la fórmula de colaboración público-privada en una parcela de 12.112 metros cuadrados situada en la zona de Arroyo del Moro, en la capital cordobesa.
CAMBIO ACCIONARIAL
En la actualidad, la Consejería, a solicitud de la UTE adjudicataria, está procediendo a la modificación de los pliegos de contratación para permitir un cambio en el accionariado de la sociedad encargada de ejecutar las obras, tras la entrada en preconcurso de acreedores de Detea, de manera que Corsán-Corviam Construcción, S.A.-Copcisa van a hacerse cargo de las acciones correspondientes a Detea en la sociedad.
La concesión de la explotación del inmueble se concede a la empresa constructora por un máximo de 25 años, tras los cuales la titularidad del edificio revertirá a la Junta de Andalucía. Durante este periodo la Junta abonará a la empresa un alquiler anual que rondará los 8,4 millones de euros por el uso de las instalaciones, que albergarán la totalidad de los órganos judiciales unipersonales de la capital, así como la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de tener previsto espacio para crecimientos futuros.
El contrato para la ejecución de las obras y explotación del edificio se firmó el pasado 23 de marzo. A partir de ese momento había que contar un plazo de cuatro meses: dos meses para la redacción del proyecto y otros dos meses para la supervisión por parte de la Consejería del citado proyecto.
El objetivo de la Consejería es que la Ciudad de la Justicia sea una realidad cuanto antes para Córdoba y poder mejorar así el servicio judicial que se presta a los usuarios y las condiciones y calidad del trabajo de sus profesionales.
A la UTE adjudicataria y a todas las empresas que concurrieron en el proceso de licitación se les exigió como requisito imprescindible para poder concurrir al proceso de licitación un compromiso por escrito de contar con la financiación suficiente para afrontar el proyecto a través de recursos propios o ajenos. A tal efecto, todas las empresas participantes en el concurso presentaron certificados de diversas entidades financieras con el compromiso firme de contar con el apoyo financiero suficiente para la ejecución del proyecto.