La Junta impulsará una Ley de simplificación administrativa como "broche" a los cinco decretos puestos en marcha

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz impulsará una Ley de simplificación administrativa, que se sumará a los cinco decretos que ya se han puesto en marcha con medidas en este ámbito.

Así lo ha anunciado este jueves el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, durante su comparecencia en comisión parlamentaria, donde ha expuesto que espera que la nueva norma llegue a la Cámara "en muy breve plazo" y ha precisado que este es el momento de la ley y no antes. "Si hubiéramos empezado por una ley, no hubiéramos avanzado lo que hemos avanzado en simplificación", ha dicho.

En este sentido, ha indicado que, a los cinco decretos que se han puesto ya en marcha, se sumará una ley de simplificación administrativa de Andalucía", que es el "broche" y que vendrá a "completar, a complementar y a seguir impulsando políticas de simplificación".

Ha indicado que la simplificación administrativa es una de las piezas claves para el impulso y el desarrollo de Andalucía, y se concibe como una "política pública de carácter transversal y esencial para promover la productividad, la creación de empleo, la atracción de inversiones y el crecimiento sólido y estable", así como la mejora de la gestión de los servicios públicos y, en definitiva, del bienestar de los ciudadanos.

Sanz ha querido dejar claro que, en ningún caso, la "simplificación es incompatible con la seguridad jurídica". Ha indicado que las políticas de simplificación administrativa solo pueden ser eficaces si se conciben y si se ejecutan simultáneamente, en tres ámbitos, el normativo, el procedimental y el organizativo.

"Se trata de ofrecer y de impulsar un proceso integral de transformación que afecte a toda la organización de la Junta como única forma real de lograr una administración más ágil y proactiva", ha apuntado.

Antonio Sanz ha subrayado que el 87,4% de toda la documentación que entra en la Junta es electrónica; que Andalucía es la que cuenta con mayor número de certificados electrónicos de persona física de España (30,18% del total nacional); que se ha incrementado en un 200% el uso de la Carpeta Ciudadana, que las entradas por ventanilla electrónica de procedimientos han pasado de 59.000 a más de 1.280.661 entradas; que el uso de Bandeja para las comunicaciones electrónicas ha subido en un 1.600%, y que las notificaciones electrónicas han crecido en más de un 200% (2.372.136 notificaciones electrónicas en 2024).

Aparte, ha expuesto que se ha mejorado el sistema de gestión de gasto (GIRO), lo que ha permitido tramitar dos millones de facturas, generar casi tres millones de expedientes contables, firmar electrónicamente más de cinco millones de documentos y realizar 5,8 millones de pagos.

El consejero también ha enumerado los avances desde 2020 de la Unidad de Automatización Inteligente, puesta en marcha por la Agencia Digital de Andalucía: más de 700.000 de horas de trabajo de robots que han ahorrado trabajo a personal de la administración y más de 2,2 millones de expedientes, 2,5 millones de requisitos y 3,5 millones de documentos han sido tratados de forma automatizada.

"Concebimos la simplificación administrativa como una política pública esencial para promover la productividad, la creación de empleo, la atracción de inversiones y el crecimiento sólido y estable de nuestra economía, colaborando en la mejora en la prestación de servicios y bienestar de los ciudadanos siempre bajo la premisa de garantizar la seguridad jurídica", ha dicho Sanz.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

Por su parte, el portavoz del PSOE-A en la comisión, Mario Jiménez, ha indicado que la simplificación administrativa del Ejecutivo del PP-A ha supuesto una "modificación de los procedimientos que, en realidad, lo que oculta es un relajamiento peligroso y dañino de los procedimientos de control jurídico", lo que abre las puertas a la "arbitrariedad" y garantiza que las decisiones del Consejo de Gobierno "no se someten al imperio de la ley, sino al imperio de la mayoría absoluta del PP y a los intereses del señor Moreno Bonilla".

A su juicio, esa simplificación administrativa ha puesto "una alfombra roja a las grandes empresas depredadoras del territorio y del medioambiente" y, en definitiva, supone desarrollar "el plan oculto que se orienta a saquear los servicios públicos esenciales mediante procesos de privatización corruptos para beneficiar a sus amiguetes y a las empresas que después les devuelven los favores personalmente y al partido político".

En modo alguno, según ha dicho, esta simplificación administrativa atiende a los andaluces, que son "los españoles que más tardan en abordar cualquier gestión o en recibir un servicio de su administración autonómica", como una declaración de dependencia o el acceso a una cita médica o al bono joven de alquiler.

El diputado de Vox Ricardo López Olea ha denunciado que lo que ha hecho la Junta en materia de simplificación administrativa es "una auténtica chapuza", con decretos para los que "no han contado" con el resto de fuerzas políticas y que suponen una "auténtica aberración jurídica que atenta contra la seguridad jurídica de los andaluces". Ha saludado que el consejero anuncie una ley de simplificación administrativa, que es lo que se tenía que haber hecho "hace seis años", ante el "desastre" que se ha hecho hasta ahora.

El diputado de Por Andalucía Juan Antonio Delgado ha manifestado que el "decretazo" de simplificación administrativa de la Junta, hecho "sin la participación" del Parlamento o de colectivos sociales, en lugar de "mejorar la vida de la gente" y hacer que todo "vaya mucho más rápido", lo que ha hecho es "debilitar todos los mecanismos públicos, y dar barra y vía libre a los intereses privados". Ha dicho que la simplificación administrativa del Gobierno andaluz consiste en "quitar mecanismos públicos de control y, en definitiva, dar barra libre" a "intereses privados".