La Junta se posiciona en contra de la proposición de ley del PSOE-A para bajar la ratio en la educación andaluza

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado manifestar un "criterio contrario" a la toma en consideración, en el Parlamento, de la proposición de ley registrada por el Grupo Socialista de modificación de la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, con la que se pretende "introducir la reducción legal y obligatoria de las ratios máximas del alumnado en todas las etapas educativas, acompañado de un plan de incremento de plantillas y recursos para su implantación, así como establecer la obligación de aprobar un Plan Andaluz de Simplificación Administrativa en Educación".

Así se recoge en el propio acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se traslada el "criterio contrario" del Ejecutivo del PP-A de Juanma Moreno a la tramitación de dicha iniciativa legislativa, consultado por Europa Press y que se adoptó el pasado 15 de octubre.

Para justificar este posicionamiento, desde el Gobierno andaluz exponen en este acuerdo que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional "ya se encuentra trabajando en medidas dirigidas a mejorar la ratio, reforzar la atención a la diversidad y avanzar en la simplificación administrativa de la mano del diálogo social", así como advierten de que la memoria económica que acompaña a la proposición de ley socialista "adolece de rigor y se aparta significativamente de la realidad económica actual".

El Gobierno andaluz explica también que "la legislación básica estatal regula de manera exhaustiva el régimen de admisión, escolarización y número máximo de alumnos por unidad escolar", de forma que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, "establece en su artículo 157.1 los criterios y límites relativos a la ratio alumnado/unidad, fijando un máximo de 25 alumnos para educación primaria y 30 para educación secundaria obligatoria", mientras que "el límite de 35 alumnos para bachillerato se establece en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero", por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, primaria y secundaria.

LA JUNTA YA TRABAJA EN "LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE RATIOS"

"Dichas cifras constituyen el marco de requisitos mínimos de aplicación común para todas las comunidades autónomas, garantizando un estándar homogéneo en el conjunto del territorio nacional", remarca el acuerdo del Consejo de Gobierno, que añade que Andalucía "ha iniciado de forma estructural el camino hacia la reducción progresiva de las ratios escolares, incorporando este objetivo de manera estable en su marco normativo y en la planificación educativa autonómica".

Así, la Junta explica en esta resolución que "la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha decidido avanzar más allá de los límites estatales, impulsando una reducción progresiva y estructural de las ratios que ha sido acordada con las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT en la Mesa Sectorial de Educación, y con las entidades representativas de la enseñanza concertada en la Mesa de la Enseñanza Concertada".

En dichos acuerdos "se contempla la disminución de la ratio en el segundo ciclo de educación infantil, que pasará de 25 a 22 alumnos por unidad, comenzando su aplicación en el curso 2026/2027 y culminando en el 2028/2029, con una posterior extensión progresiva a la etapa de educación primaria", según abunda el documento del Consejo de Gobierno, que aclara que, además, "se recoge un refuerzo de plantillas para la atención a la diversidad en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria en función de la ratio".

LA INICIATIVA SOCIALISTA "CARECE DE CONSISTENCIA"

En esa línea, el Gobierno andaluz apunta que la medida de reducción de la ratio que se recoge en la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista "va en línea con la senda marcada" por el Ejecutivo de Juanma Moreno, si bien la iniciativa del PSOE-A "adolece de rigor técnico y carece de la consistencia necesaria para garantizar su viabilidad y eficacia, en tanto que no va respaldada con una adecuada memoria económica que permita aplicar la misma", según opina la Junta, que en esa línea señala que "la memoria económica y la proyección plurianual de sostenibilidad presupuestaria aportada con la citada proposición de ley resulta claramente deficiente y errónea para sustentar las previsiones contenidas en el texto".

Así, el Gobierno andaluz cifra en "más de 28.000" las unidades escolares que se tendrían que crear en los centros públicos andaluces para cumplir "la reducción de ratios contemplada en la iniciativa legislativa" socialista, lo que, además, "conllevaría la incorporación de más de 45.000 nuevos docentes de los cuerpos de maestros y de profesores de enseñanza secundaria", según agrega el acuerdo del Consejo de Gobierno, que firman el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo.

"El impacto económico anual consolidado derivado de esta ampliación de plantilla --que el Gobierno andaluz estima en más de 72.000 plazas, sumando también las de personal no docente--, incluyendo retribuciones, cotizaciones sociales y gastos asociados, superaría los 3.750 millones de euros anuales, cifra que se consolidaría de manera estructural en los presupuestos de la comunidad autónoma", según continúa detallando el acuerdo de posicionamiento de la Junta al respecto, que avisa además de que "deberían contemplarse" igualmente "inversiones adicionales en infraestructuras y equipamientos para adecuar los espacios escolares a las nuevas ratios, con un coste que podría superar los 2.000 millones de euros adicionales a medio plazo".

Por otro lado, desde la Consejería de Desarrollo Educativo señalan que "la inclusión en la proposición de ley de un precepto que obligaría a la Junta de Andalucía a aprobar en el plazo de seis meses un Plan Andaluz de Simplificación Administrativa en Educación (...) no se sustenta, al tratarse de una materia ya abordada por la administración autonómica en el marco de su política general de modernización y racionalización de los procedimientos".

Además, desde el Gobierno andaluz aclaran que están impulsando "la tramitación de un proyecto normativo que abarca medidas de simplificación en el ámbito educativo, actualmente en fase de negociación con los agentes sociales, tras haber finalizado la fase de consulta previa", así como llaman la atención acerca de que el Grupo Socialista "reclame un plan de simplificación que, de aplicarse en los términos redactados, incrementaría la burocracia al pretender la creación de nuevos informes de seguimiento del propio plan, o la creación de una plataforma informática adicional a la ya existente 'Séneca', que es un sistema digital seguro, accesible y eficiente".

Así las cosas, el Ejecutivo andaluz ha llegado a la conclusión de que la referida proposición de ley del PSOE-A, "en aquello que tiene de positivo, se limita a seguir la senda marcada" por la actual administración autonómica, si bien "adolece del rigor necesario para abordar un asunto de especial incidencia en la vida de los centros docentes y en la calidad de la enseñanza, no cuenta con una memoria económica rigurosa y no recoge la fórmula de financiación necesaria para su aplicación", por lo que ha acordado manifestar su "criterio contrario" respecto a su toma en consideración en el Parlamento andaluz.