Junta señala que Montero cambió el control previo por el permanente en los contratos de emergencia del Estado

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha recordado este miércoles como reproche a las críticas de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la modalidad de control de la contratación sanitaria durante la pandemia de coronavirus que ella introdujo la fiscalización previa para los contratos de emergencia de la Administración del Estado a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023.

"Saquen ustedes sus propias conclusiones", ha esgrimido España ante las críticas de Montero hacia el hecho de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía impulsara un acuerdo el 6 de octubre de 2020 para incluir un paquete de gastos que cambiaban su fiscalización por la Intervención General de la Junta de Andalucía, entre ellos, la contratación de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que dejaban de estar sujetos al control previo y se sometían al control financiero permanente.

A ese iniciativa de Montero en el ejercicio de sus responsabilidades como ministra ha sumado el recuerdo que la gestión socialista al frente de la Junta de Andalucía se sometieron cinco hospitales públicos al control financiero permanente.

España ha esgrimido estos argumentos cuando se le ha preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno acerca del cruce de versiones en las dos sesiones de declaraciones testificales celebradas dentro de las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla por la contratación de emergencia del SAS.

Se le ha cuestionado a la consejera y portavoz por el hecho de que su hoy viceconsejera y entonces Interventora General, Amelia Martínez, quien declaró como testigo el martes 18, sostuvo que la introducción de los contratos del SAS para control financiero permanente fue fruto de una conversación en la Comisión General de Viceconsejeros entre el viceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa, y la entonces viceconsejera de Salud, Catalina García.

Este martes, día 25, la tesis del exgerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, quien compareció como investigado, fue atribuirle la iniciativa a sobre la Consejería de Hacienda, como impulsora del cambio de la fiscalización previa por el control financiero permanente para los contratos de emergencia del SAS, según relataron a los periodistas fuentes presenciales.

Precisamente en esta jornada se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción ha propuesto en un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, José Antonio Gómez, que cite como testigos tanto a Catalina García, hoy consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y entonces número dos de Salud, como a Roberto Ochoa, quien ejerció el cargo de viceconsejero de Hacienda y Financiación Europea entre el 8 de septiembre de 2020 y 9 de agosto de 2022.

Sobre los pronunciamientos en sede judicial, España ha asegurado que "no me voy a pronunciar" por cuanto ha apelado a que ese asunto de la contratación de emergencia "está en los juzgados y confiamos en la justicia" a la espera de que "los jueces hagan su trabajo".

La consejera y portavoz ha reivindicado que "siempre hemos dicho que el control financiero permanente tiene unos controles mucho más exhaustivos que el control previo".