SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha comparecido este jueves en el pleno del Parlamento de Andalucía para explicar cómo se van a aplicar en Andalucía las medidas recogidas en el Real Decreto Ley 5/2021, aprobado por el Gobierno de España el pasado 12 de marzo, que consigna 1.109 millones de euros a la comunidad autónoma para el apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19.
Rocío Blanco ha explicado que desde la Consejería de Empleo y la de Hacienda "estamos trabajando en la elaboración de la norma que permitirá aplicar estos fondos en Andalucía y que verá la luz próximamente", añadiendo que estamos "buscando soluciones para abordar las muy amplias y complejas obligaciones que nos impone el RDL 5/2021 del Gobierno de España, de manera que nos permitan afrontar la tramitación con unas mínimas garantías de éxito y las menores molestias a los beneficiarios".
La preocupación que ha trasladado la responsable de Empleo en la Junta de Andalucía en sede parlamentaria se debe a que RDL es "indefinido y confuso en la definición del objeto de la ayuda", a la vez que se denomina de forma engañosa como ayudas directas lo que realmente son "subvenciones a empresas y trabajadores autónomos", es decir, que se obliga a los beneficiarios a cumplir con "amplias y exigentes obligaciones recogidas en la norma estatal".
"No se trata, por tanto, de un pago sin contrapartidas", ha explicado Blanco, lo que complica además la gestión por parte de las CCAA, ya que va a ser necesario "cotejar millones de documentos, facturas y justificantes de pago de deudas".
Aun así, la consejera de Empleo ha recalcado que "desde la Junta de Andalucía vamos a trabajar por acortar los plazos y dotar de agilidad la tramitación" para cumplir así con los plazos establecidos en la norma redactada por el Gobierno central, y pagar a los beneficiarios antes del 31 de diciembre de 2021.
AYUDAS DIRIGIDAS A EMPRESAS CON PÉRDIDAS EN 2020
Las subvenciones recogidas en el RD Ley 5/2021 se dirigen a empresas y autónomos incluidos en una relación de actividades económicas (CNAE) que, entre otras condiciones a cumplir, no hayan declarado pérdidas en 2019 y sus operaciones interiores por IVA hayan disminuido en más de un 30% en el año 2020 con respecto a 2019. La cuantía potencial a percibir calculada como exceso de ese porcentaje, oscila entre 3.000 y 200.000 euros.
Estas ayudas tendrán carácter finalista y deberán aplicarse para satisfacer deudas y pagos a proveedores y otros acreedores, tanto financieros como no financieros, generadas entre el 1 de marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021, y que aún no hayan sido satisfechos a día hoy. "La idea es buena porque podía ayudar a muchas empresas y autónomos en situación complicada" ha comentado la consejera de Empleo.
"Sin embargo, --ha apostillado-- su desarrollo es muy deficiente en la práctica, comenzando por excluir de la ayuda a quienes han cumplido con sus deudas pagándolas antes del 1 de junio de 2021 y, por tanto, favoreciendo tan sólo a quienes han tenido la posibilidad de mantener la deuda".
"CARTAS Y SUGERENCIAS SIN RESPUESTA"
La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha expuesto ante la pregunta formulada por los grupos parlamentarios de Adelante Andalucía y Ciudadanos, que a pesar de que son las comunidades las que deben gestionar los fondos, "no hemos tenido ninguna participación en el diseño de la medida", "ni se han atendido a nuestras sugerencias para modificar una normativa con contenido extremadamente burocrático que ha sido redactado por quienes no gestionan subvenciones", ha añadido.
Y es que desde la Junta de Andalucía se han hecho llegar a los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Hacienda, sendos informes "en los que se desglosan las deficiencias detectadas, y las probables consecuencias que podrían acarrear para que las ayudas puedan llegar con rapidez a los beneficiarios", ha resaltado Rocío Blanco. No se ha recibido respuesta. Alguna. También se ha solicitado que la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, facilite el universo de los potenciales beneficiarios, pues son ellos los que disponen de esta información.
"También se han negado", ha concluido Rocío Blanco, añadiendo que "el Gobierno de la nación se ha limitado a apuntarse el tanto mediático de la concesión de las ayudas, sin dignarse a escuchar a quien asume la obligación de gestionar las ayudas" que debe asumir un elevado coste administrativo y dar la cara ante los beneficiarios exigiéndoles un excesivo papeleo.
GRUPOS
Por su parte, el portavoz adjunto de Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, ha reprochado al Gobierno andaluz que "convierta una magnífica noticia como es la llegada de 1.109 millones a Andalucía en malas noticias" porque "les molesta tener que gestionar estas importantes ayudas, quizás porque el Gobierno central ha hecho lo que no hace la Junta, poner recursos propios y vincular las ayudas al mantenimiento del empleo".
Por su lado, en nombre de Ciudadanos (Cs) la diputada Ángela Rodríguez ha estas ayudas eran "una buena noticia de inicio" pero ha criticado que el Gobierno central "no escucha a los autónomos ni facilita el trabajo de las autonomías".
