La Ley Universitaria para Andalucía, lista para su debate en Pleno tras culminar su tramitación en comisión

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) pasa ya a su debate por el Pleno del Parlamento andaluz --a partir ya de febrero-- tras culminarse este jueves el último trámite en comisión, donde ha quedado aprobado el informe de la ponencia, con una transaccional, por diez votos a favor, siete noes y una abstención --de Por Andalucía--. Los rectores de las universidades públicas andaluzas expresaron sus dudas en relación con la LUPA y la autonomía universitaria, llegando a apuntar que el texto estaba "en el límite de lo constitucional". La Junta achacó estas críticas al hecho de que se imponga la figura de un interventor externo en los Rectorados.

La Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) culmina "la mayor reforma universitaria" que "dotará a la comunidad de un marco adecuado y estable para que las universidades andaluzas, además de seguir siendo buques de conocimiento, innovación y progreso, puedan mirar al futuro con seguridad y certidumbre", destacaba la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación hace semanas. Este texto legal tiene como objetivos "proteger el sistema público universitario, ampliar los derechos del estudiantado, estabilizar la carrera académica, impulsar la internacionalización, mejorar la gobernanza, potenciar la transparencia de las instituciones académicas o la autonomía en políticas de personal, académica y de organización".

Se recoge, por primera vez, la bonificación de las matrículas universitarias como un derecho del alumnado, una medida que cuenta con una dotación de 43,66 millones de euros e implica la compensación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula. Además, contempla la suspensión temporal de estudios, que tendrán que desarrollar las universidades, así como la necesidad de conciliar las actividades académicas con las deportivas, especialmente en el caso de los deportistas de alto rendimiento, o el derecho a la desconexión digital de los estudiantes.

Sobre el paro académico, se fija por ley un marco común para que "todos los estudiantes estén en las mismas condiciones, pero atendiendo a la vez a la singularidad de cada universidad". Igualmente, el futuro marco normativo incorpora "por primera vez" la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda y a las residencias estudiantiles, una cuestión "olvidada tanto en la LOSU", al tiempo que incluye la promoción de programas para la movilidad estudiantil, dando prioridad a la cobertura del Erasmus+, cuyo presupuesto se verá aumentado otro 5% el próximo curso para "alcanzar, tal y como nos comprometimos, el 10% de incremento".

Se impulsa la internacionalización del sistema universitario andaluz, fomentando la movilidad de estudiantes y profesorado por parte de las universidades, la promoción de becas y ayudas al estudio, la participación en redes internacionales y la creación de centros en el extranjero, bajo la coordinación de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Por otra parte, y en relación con el personal docente e investigador (PDI) y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) de las universidades públicas, "el espíritu de la LUPA es claro: estabilidad, mérito y garantías en la carrera profesional".

Así, en su articulado, se flexibiliza la compatibilidad de la actividad del PDI para fomentar la transferencia del conocimiento y el perfeccionamiento de su formación, se recupera la figura del profesorado ayudante, se limita el "uso indebido" de la figura del profesor sustituto interino y se instaura, "por primera vez", la "obligatoriedad" de un nivel de idioma extranjero (B2) para el acceso a la figura de ayudante doctor a partir de 2029, una medida que también será exigible para la obtención de títulos universitarios oficiales y que "contará con ayudas específicas de la Junta de Andalucía y de las propias universidades".

La norma introduce novedades en lo relativo a la gobernanza, de modo que las universidades tendrán mayor autonomía en materia de personal y en el ámbito de planificación de la programación académica. De esta manera, se regulan órganos de coordinación autonómica como el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria y el Consejo Asesor de Estudiantes de las Universidades Públicas de Andalucía.

Asimismo, el texto normativo redefine el papel del Consejo Social y actualiza el régimen del rectorado, con mayores responsabilidades en transparencia y rendición de cuentas. La LUPA "consolida y da estabilidad" al modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas, que se acompaña de mecanismos de evaluación y control del gasto público basado en indicadores de calidad y resultados".

La Ley aumenta los requisitos generales y específicos para la creación o reconocimiento de universidades privadas. Entre las exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior. Asimismo, la futura legislación propone que las entidades tengan que reservar un 3% de sus ingresos anuales a programas de becas y ayudas al estudio y destinar un 5% a planes propios de investigación.

Por último, la LUPA "reconoce expresamente" el papel de las universidades como agentes de cohesión territorial y desarrollo regional, porque las instituciones académicas de educación superior "no son solamente lugar de enseñanza, aprendizaje e investigación, sino que vertebran el territorio, generan empleo cualificado, fomentan la cultura y dinamizan la vida económica y social de las provincias", por lo que la Ley Universitaria para Andalucía "no es sólo una norma técnica o administrativa, sino también una apuesta de futuro".