JAÉN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, ha animado a los empresarios a que estén preparados para el uso de la facturación electrónica, que pronto se pondrá en marcha de manera obligatoria en sus trabajos con las administraciones públicas, en sustitución de las tradicionales facturas en papel.
En concreto, la Administración General del Estado empezará a exigir a las empresas que la facturación se le haga de forma electrónica a partir del 15 de enero, según ha precisado Lillo, antes de participar este miércoles en una reunión informativa con el sector empresarial y comercial, así como representantes de graduados sociales y gestores administrativos.
El encuentro, para impulsar esta medida y ayudar a las empresas a estar preparadas, se ha celebrado en la Subdelegación y ha estado dirigido por el interventor del Estado en Jaén y delegado provincial de Economía y Hacienda, José Luis Arquillos.
Esta reunión se une a la celebrada el pasado viernes con alcaldes, secretarios e interventores de los ayuntamientos de la provincia, en la que se informó sobre el contenido de esta disposición, que va a suponer que en breve todas las administraciones públicas tramiten su facturación de manera electrónica.
En este sentido, Lillo ha pedido a los ayuntamientos que se adhieran gratuitamente al denominado Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), desde el que podrán gestionar en el futuro sus facturaciones de manera sencilla y segura. Hasta el momento se han adherido a este convenio la Diputación Provincial y 54 ayuntamientos jiennenses.
La ley de impulso de la factura electrónica, aprobada en diciembre del año pasado, se enmarca en el conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno para erradicar la morosidad en el sector público. La normativa obliga a las administraciones públicas al uso de este tipo de facturación y crea el registro contable de facturas, lo que permitirá agilizar los procedimientos de pago a los proveedores y conocer con certeza las facturas pendientes de pago existentes.
También la implantación de la nueva factura va a suponer acortar los ciclos de tramitación, incluido su cobro, y eliminar los costes de papel, impresión y envío postal. Además, se facilita un acceso más rápido y fácil a las facturas almacenadas, se reduce el espacio de archivo que requiere su almacenamiento y se mejora el servicio al cliente. Otros beneficios añadidos son que facilita la lucha contra el fraude y contribuye a la modernización de la economía y el desarrollo de la sociedad de la información
Las previsiones apuntan a que los tiempos de tramitación de la factura se reducirán un 80 por ciento, estimándose, por otra parte, un ahorro económico de 3,48 euros por cada factura que se tramite, de los que 0,70 euros corresponden al ahorro de la entidad emisora y 2,78 euros al de la administración receptora.
Tanto en la reunión de este miércoles con los representantes del sector empresarial y comercial, como en la del pasado viernes con los ayuntamientos, los asistentes han podido conocer el funcionamiento del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), que es la plataforma online que permite presentar facturas electrónicas ante cualquier órgano de la Administración General del Estado, a través de un único punto.
Esta herramienta, abierta a que otras administraciones públicas puedan adherirse al mismo, simplifica a los proveedores el proceso de remisión de facturas y permite consultar el estado de tramitación de las mismas. El envío de la factura electrónica a través de este punto produce automáticamente su apunte en un registro electrónico administrativo.
