Maeztu ve "insuficientes" los recursos para inmigrantes extutelados y pide un proyecto integral de inclusión social

Maeztu presenta a Durán el Informe del Menor 2017
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Actualizado: viernes, 4 mayo 2018 15:16

En el Informe del Defensor del Menor 2017 se resalta como uno de los asuntos más relevantes el incremento de los MENA a Andalucía en 2017

SEVILLA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha alertado de la "insuficiencia" de los recursos para atender a todos lo menores extranjeros no acompañados (MENA) que abandonan el sistema de protección al cumplir los 18 años, toda vez que propone un proyecto integral de inclusión social para estos jóvenes, que considera "uno de los colectivos más invisibles de la sociedad".

En rueda de prensa tras presentar al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, el Informe del Defensor del Menor de Andalucía 2017, Maeztu ha resaltado como uno de los asuntos más relevantes el incremento de menores extranjeros no acompañados a Andalucía durante 2017, lo que provocó el pasado verano que "las medidas de emergencia fueran insuficientes y se tuvieran que ir adoptando nuevas decisiones a la vez que se demoraba la derivación de los menores a recursos normalizados".

Según apunta el Defensor, las cifras de llegada "han batido todos los récords" y señala que el número de nuevos ingresos de menores en el sistema de protección de en Andalucía el pasado año se eleva a 3.306, frente a los 1.291 producidos en el ejercicio anterior. Además, informa de que si a estas cifras se añade el número de chicos extranjeros que ya estaban siendo atendidos por el sistema de años anteriores, el número de MENA total atendidos se eleva a 4.179. A fecha 31 de diciembre, eran 1.309 el número total de MENA que se encontraba dentro del sistema de protección.

Así, el Defensor apunta que las consecuencias de esta llegada masiva es la "saturación" de los centros de protección, lo que "genera carencias en las garantías de los derechos básicos de los menores", ante lo que "seguirá demandado una respuesta adecuada por parte de la administración". No obstante, reconoce que se trata de un problema que no solo compete a Andalucía sino también a la UE y al Estado, que "debe ser abordado con las debidas garantías".

Durante su intervención, Maeztu ha alertado también de que algunos menores que están entrando por Andalucía "tienen indicios de que pudieran estar siendo víctimas de trata de seres humanos", por lo que, añade, "se precisa de una excelente coordinación entre distintas administraciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía".

Para el Defensor del Menor --también Defensor del Pueblo Andaluz-- habrá que establecer "un protocolo definido de acogida de menores", al tiempo que considera "necesarias" pruebas rigurosas de determinación de la edad.

Sin embargo, para Maeztu otras de las preocupaciones importantes es la situación de los jóvenes inmigrantes extutelados (JIEX), ya que la protección que reciben los MENA "tiene fecha de caducidad cuando cumplen los 18 años", lamenta.

Al respecto, asegura que pese a que la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al Menor (artículo 37.2) impone a la entidad pública la obligación de velar por aquellos menores que estuvieran ingresados en centros de protección al alcanzar la mayoría de edad, al menos durante el año siguiente, mediante el 'Programa + 18', pero la realidad es que el programa "todavía no es suficiente para atender a todos los menores que abandonan el sistema de protección y que precisan de ayuda ante los retos que les aguarda la vida independiente".

De este modo, Maeztu apunta que el movimiento asociativo denuncia que esta "insuficiencia" está motivando que muchos jóvenes extutelados utilicen los recursos para personas sin hogar, y "ponen de manifiesto que los jóvenes carecen de personas de referencia y profesionales que los atiendan cuando abandonan el recurso residencial" y que algunos "viven en la calle tras agotar todos los recursos".

Ante esta situación, la Defensoría propone un proyecto integral de inclusión social para estos jóvenes que atienda a temas de vivienda, acceso al mercado laboral, completar su formación, atención psicosanitaria, para "tener una mínima esperanza de éxito en su inserción social" y aplaude "la posibilidad de que los jóvenes extutelados puedan ser beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía".

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