El Defensor del Menor ha entregado este viernes al presidente del Parlamento su informe de 2017 sobre actuaciones de la institución
SEVILLA, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Menor en Andalucía, Jesús Maeztu, ha pedido a las administraciones "incrementar" el gasto social en la infancia, tanto en prestaciones como en servicios, con el objetivo de reducir las tasas de pobreza infantil e incrementar el bienestar de los menores y sus familias, toda vez que apuesta por la educación como "eje para producir el cambio en los menores" y "crear una sociedad solidaria, de personas, igualitaria y equitativa".
Así se ha expresado este viernes Maeztu en rueda de prensa tras presentar al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, el Informe del Defensor del Menor de Andalucía 2017, una comparecencia en la que ha asegurado que en ocasiones las restricciones presupuestarias o la falta de gestión o coordinación "impiden o dificultan el acceso a algunos derechos que afectan a la infancia".
De este modo, según dicho informe, las reclamaciones más numerosas presentadas en la Defensoría afectan de nuevo a educación con un total de 574 expedientes, continuando con la tendencia ascendente en las quejas sobre educación especial, de un 12 por ciento este año, debido a la "escasez o ausencia" de recursos para este tipo de alumnos, sobre todo de monitores en algunos centros.
En cuanto al número total de actuaciones en asuntos de menores y adolescentes el pasado año este se ha elevado a 4.444 --frente a las 5.000 de 2016--, de las cuales 2.236 se refieren a quejas y 2.208 a consultas. Además, de las 2.236 quejas tramitadas, 1.467 fueron nuevas --1.872 el año anterior--, 1.412 a instancia de parte y 55 de oficio, y sobre los temas, las áreas con mayor número de quejas tras educación son menores (459), vivienda (148) y servicios sociales (74).
Entre los derechos analizados por la institución, en salud Maeztu apunta a la problemática por la "escasez" de profesionales en atención primaria y el "déficit" en el ámbito de la atención especializada a menores, refiriéndose al caso de la unidad de traumatología pediátrica el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, la denuncia por la falta de UCI pediátrica en Huelva, o la falta de previsión de habitaciones individuales para los niños en el proyecto de reforma del Hospital materno-infantil de Granada.
En educación destaca el "aumento" de intervenciones por lo que respecta al primer ciclo de las enseñanzas de Educación Infantil tras la aprobación de la nueva normativa de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo, un asunto sobre el que asegura "tiene abierta una investigación en profundidad" y en el que el tema de las bonificaciones ha suscitado el mayor número de reclamaciones.
MÁS DE 100 CONSULTAS SOBRE ACOSO ESCOLAR
Igualmente, apunta a la agrupación o reagrupación de hermanos como otro de los problemas principales que afectan a la escolarización o la demanda de instalación en los centros de sistemas de refrigeración o climatización para combatir las altas temperaturas. En cuanto al acoso escolar, manifiesta que las quejas que reciben "siguen poniendo de manifiesto las distintas versiones que pueden producirse en el ámbito de la convivencia en los centros", y critica la "reticencia" de algunos centros a reconocer casos de acosos escolar, un asunto que ha generado "más de 100 consultas".
Durante su intervención, Maeztu ha aludido también a las numerosas quejas de mujeres solas con cargas familiares, hijos menores a su cargo, "a los que con sus escasos recursos económicos manifiestan que no pueden atender adecuadamente e incluso pasan hambre por este motivo", señala. En este sentido, el Defensor valora la aprobación de la Renta Mínima de Inserción Social, aunque indica que han recibido "más de 600 consultas por los retrasos en la percepción del derogado salario social".
Sobre vivienda, manifiesta que igual que en 2015 y 2016 "existen retrasos en el pago de las ayudas al alquiler", y en el caso de derecho a la protección, pide que la legislación andaluza "se adapte a la reforma de la Ley del Menor en 2015", y destaca el incremento de la llegada de menores extranjeros no acompañados a Andalucía durante 2017 como uno de los aspectos más relevantes, alertando de la "saturación" de los centros de protección a pesar de las esfuerzos de la administración, lo que "genera carencias en las garantías de los derechos básicos de los menores".
También, según el informe, se siguen recibiendo quejas sobre menores con trastornos de conducta, y en el caso de víctimas de violencia de género, "no dejamos de tener noticias de supuestos en que no se presta a los menores la atención que sería necesaria en interés superior de aquellos", asegura Maeztu, que alude también a la "frecuencia" con que "son denunciados casos de malos tratos a menores a través del Teléfono del Menor".
Por último, y en relación al sistema de justicia juvenil, Maeztu afirma que durante 2017 el protagonismo de las reclamaciones se ha centrado en asuntos relacionados con la organización y el funcionamiento de los centros de internamientos de menores infractores o con el trato recibido por los menores internos por el personal que presta servicios en aquellos, "con una variedad y singularidad de problemas", concluye.
