Málaga.- Roca intermedió para que un empresario no hiciera públicas presuntas irregularidades

MALAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex asesor de Urbanismo de Marbella (Málaga) y presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Roca, tuvo que intermediar para que el empresario imputado, Ismael Pérez, responsable de varias empresas relacionadas con el servicio de grúas, no hiciera pública presuntas irregularidades, más allá de la deuda "legítima" que el Consistorio mantenía con el empresario.

En las conversaciones telefónicas contenidas en el sumario, al que tuvo acceso Europa Press, Ismael Pérez utiliza un tomo "de amenaza e incluso de chantaje", con el fin de que "se le arregle lo de la grúa y se le devuelvan los coches" o que se le restituyan sus intereses a través de alguna permuta inmobiliaria" porque sino divulgaría "toda la historia", que suponen "datos comprometedores".

Para la Policía, la "historia" excede de la mera deuda "legítima" y tiene "suficiente entidad" como para perjudicar no sólo a la imagen de Marbella sino que podría conllevar "la iniciación de procedimientos penales", porque, en su informe se precisa que, "no se puede entender de otra forma la eficacia que produce en las personas investigadas la amenaza vertida por Ismael".

Estas presuntas irregularidades, que se podrían desvelar, están relacionadas con la adjudicación del servicio de grúas y con el uso por parte de los hijos de la alcaldesa, Marisol Yagüe, de varios coches, a la que Roca considera "causante de la situación".

Así, es el jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, el que dice a Roca de que el empresario tiene "un rebote más que gordo" y es el que advierte de que Ismael Pérez está dispuesto a contar "toda la historia" a Carlos Fernández a cambio de 25 millones de pesetas y a la prensa.

Además, el empresario también habría fijado una reunión con la portavoz del PP en Marbella, Angeles Muñoz, para contarle las presuntas irregularidades y porque "obtendría el compromiso político de que en caso de salir elegida en las próximas elecciones, ésta saldaría la deuda y le otorgaría la concesión de la grúa municipal".

En las conversaciones también se habla de la intervención de la entonces primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, de quien Roca se muestra convencido de que "no le va a frenar" sino que su pretensión es "apuntarse ella el tanto de que le va a arreglar ella el tema". "Aquí no va a apuntarse nadie nada", apostilla en la charla con Del Pozo.

El informe policial, al que tuvo acceso Europa Press, concluye que, "sin género de dudas", había negocios o acuerdos "de dudosa legalidad" con contraprestación económica entre el empresario y el Ayuntamiento, "en concreto en temas relacionados con vehículos y con la concesión administrativa de la grúa municipal".

La investigación, que comenzó a raíz de la declaración judicial prestada por el jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento, se centró inicialmente en Roca y su entorno, en el que se incluye dos presuntos testaferros, Oscar Benavente y Salvador Gardoqui, ambos imputados.

Posteriormente, la Policía investigó a la ex alcaldesa Marisol Yagüe, la que fuera entonces primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; el ex edil de Transportes Victoriano Rodríguez; el ex edil socialista, José Jaén y a dos responsables del servicio jurídico municipal. Todos estos, excepto las dos asesoras judiciales, fueron detenidos en la primera fase de la operación.

No obstante, también se habla de los concejales Vicente Manciles, Rafael Calleja y Tomás Reñones, que no fueron arrestados hasta la segunda fase y que actualmente se encuentran en prisión.

El juez instructor del caso ha mantenido en todos sus autos que Roca era "el alcalde en la sombra" y que "ninguna decisión importante" se tomaba sin su consentimiento; afirmaciones que se apoyan en las conversaciones interceptadas.

Así, según el informe policial, éstas intervenciones telefónicas avalan "el control fáctico" de Roca sobre las decisiones políticas y económicas que se toman en el Ayuntamiento de Marbella" y, además; suponen la existencia de hechos delictivos "enmarcados directamente con decisiones que necesariamente debían contar, al menos, con el apoyo de parte de los miembros que conforman la corporación municipal".