MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), el doctor Rodrigo Córdoba, apoyó hoy la iniciativa de la Junta de Andalucía de seguir con su demanda judicial a las empresas tabaqueras por la vía contencioso-administrativa, incluyendo al Estado, ya que lo considera "lógico" por los daños sanitarios que ocasionan a los fumadores. No obstante, manifestó a Europa Press que "hoy por hoy, con la legislación española y la falta de información de los jueces, es difícil que prospere una iniciativa de este tipo".
El Comité no promociona la vía de los litigios en la lucha contra el tabaquismo, pero tampoco critica este tipo de acciones, ya que pueden tener un efecto positivo que es "dejar en evidencia y colocar a la industria tabaquera en el nivel de irresponsabilidad social que le corresponde, al provocar un enorme daño sociosanitario", indicó el doctor Córdoba.
A su juicio, la Junta está actuando de forma legítima al intentar recaudar a la industria el dinero que ocasiona la atención sanitaria a los afectados por los productos del tabaco, ya que "ni un céntimo de los fondos que se recaudan con los impuestos del tabaco, se invierten en paliar los gastos sanitarios y el daño social".
En cualquier caso, el doctor Córdoba señaló que "es muy complicado que la Junta tenga éxito", porque la defensa de la industria se basa en alegar que se trata de un producto absolutamente legal y que el consumidor es libre de decidir si fuma o no, "cuando esta afirmación no es cierta". Según diversos estudios, citados por Córdoba, en un mes un consumidor se vuelve adicto, perdiendo la capacidad de elección.
"Lo que ocurre es que los jueces se atienen a estos falsos argumentos y no se asesoran adecuadamente con la opinión de expertos científicos que podrían tirar abajo muchos argumentos de las empresas tabaqueras", criticó el presidente del CNPT. "Probablemente, esta demanda no logrará el impacto práctico y económico que se busca", dijo.
Según este experto, para lograr el máximo impacto y recaudar fondos como pretende la Junta de Andalucía, el Ministerio de Economía debería retirar el precio del tabaco del Impuesto de Producto de Consumo (IPC) y poner un impuesto mínimo sobre las cajetillas. De este modo, el Estado lograría más dinero para dar a las comunidades autónomas para que lo invirtieran en atención sanitaria de los enfermos a causa de los cigarrillos.