Municipios andaluces afectados por cierre de centrales pueden solicitar ayudas dotadas con 28 millones para proyectos

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los municipios andaluces de Transición Justa, aquellos más afectados por el cierre de minas de carbón, centrales termoeléctricas de carbón y centrales nucleares, que en la región son Puente Nuevo-Valle del Guadiato (Córdoba), Carboneras (Almería) y Los Barrios (Cádiz), ya pueden solicitar las ayudas convocadas por el Instituto para la Transición Justa dotadas con 28 millones de euros para financiar proyectos empresariales que promuevan el desarrollo en estas zonas.

La Delegación del Gobierno informa en un comunicado de que se trata de dos líneas de ayudas, una dotada con 24 millones euros para los proyectos empresariales generadores de empleo, y otra, con otros cuatro millones, para pequeños proyectos de inversión. Los interesados en estas ayudas disponen de un plazo de dos meses para presentar sus solicitudes, que vencerá el 11 de agosto de 2025.

Las dos convocatorias que se abren ahora buscan promover iniciativas de inversión empresarial en las zonas afectadas por el cierre de centrales antes mencionadas, "al objeto de generar actividades económicas alternativas que creen y mantengan empleo estable en estos territorios", explica el Ejecutivo.

De la convocatoria de ayudas para proyectos empresariales generadores de empleo podrán beneficiarse aquellos que prevean una inversión mínima de 100.000 euros y la creación de, al menos, tres empleos en las zonas de Transición Justa, que tendrán que mantenerse en el tiempo durante tres años. En el caso de grandes empresas, la obligatoriedad de conservar la inversión se extenderá hasta los cinco años.

Para acceder a la línea de ayudas a pequeños proyectos de inversión, por otro lado, tienen que contemplar una inversión de entre 30.000 y 500.000 euros en las zonas de Transición Justa. Los beneficiarios de estas ayudas deberán comprometerse al mantenimiento del empleo o, en el caso de las empresas de nueva creación, crear al menos un puesto de trabajo empleo, y a conservar tanto los puestos de trabajo como la inversión realizada un mínimo de tres años. En el caso de que el beneficiario sea una gran empresa, la inversión realizada deberá prologarse, como mínimo, cinco años.