Las sedes académicas quieren que se cierre "correctamente" el anterior marco y poder utilizar remanentes para nuevos proyectos
SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha mantenido este jueves una reunión con los rectores de las diez universidades públicas de Andalucía para abordar diversas cuestiones relacionadas con la financiación del sistema universitario público. Durante el encuentro, se ha realizado un balance de resultados del modelo de financiación vigente, además de un análisis sobre la nueva planificación económica que se pretende aprobar para el periodo 2017-2021.
Según ha incidido la Junta en una nota, el modelo de financiación que entró en vigor en 2007 y se ha prorrogado hasta 2016 concluirá con una inversión de la Junta cercana a los 14.500 millones de euros y un nivel de ejecución presupuestaria que supera el 95 por ciento. De esta cantidad, la administración andaluza aún tiene obligaciones pendientes de materializar del año 2015 por valor de 228 millones de euros, si bien todas las sedes académicas disponen de tesorería para atender el pago a sus proveedores en los plazos que fija la norma, tras el acuerdo sobre la cuestión alcanzado este mismo año.
En este sentido, los rectores han trasladado la necesidad de cerrar "correctamente" el anterior marco, acordando cómo solventar la deuda pendiente, pudiendo utilizar esos remanentes para nuevos proyectos. También reclaman los responsables académicos garantizar la ejecución presupuestaria de 2016 en los fondos que les afectan y que la administración concluya la tramitación de las justificaciones de proyectos de investigación, en especial para desbloquear su participación en nuevas convocatorias.
Ramírez de Arellano se ha mostrado "sensible" sobre estas cuestiones, que han afectado en los últimos años de crisis al buen funcionamiento de las universidades, y se ha comprometido a abordar soluciones inmediatas.
También se han abordado algunos aspectos básicos del nuevo acuerdo de financiación, que se pretende consensuar y aprobar este trimestre para su entrada en vigor en el periodo 2017-2021. Se trata de una programación plurianual basada en la suficiencia, la certidumbre y la flexibilidad que, según el borrador facilitado a las universidades, ofrecerá mayor autonomía y seguridad en la gestión, reduciendo asimismo las trabas burocráticas para agilizar la gestión de los recursos.
El consejero ha informado, además, de la puesta en marcha del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) de 2020. A partir del próximo año, las universidades dispondrán de una partida de gestión directa, dentro de la financiación básica, que en 2017 asciende a 71 millones de euros y cuya finalidad abarca tanto ayudas al funcionamiento de los grupos de investigación como refuerzo del capital humano con contratos a jóvenes investigadores, a los que destinarán más de 60 millones de euros.
Junto a ello, el Gobierno andaluz está ultimando la orden de las bases reguladoras de ayudas e incentivos a la investigación, la innovación y la transferencia, que se publicará antes de finalizar el año y que regulará las diferentes convocatorias.
