Obrero (PP) afirma que la "mala gestión" de la Junta en políticas sociales "pone en peligro" muchos empleos

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP de Córdoba, Rafaela Obrero, ha manifestado este martes que "la mala gestión del Gobierno de la Junta de Andalucía en políticas sociales está poniendo en peligro la asistencia de miles de usuarios, así como los puestos de trabajo de muchos trabajadores que prestan estos servicios".

A través de un comunicado, Obrero ha señalado que el Gobierno andaluz, "en los últimos cuatro años, ha dejado de invertir más de 266 millones de euros en políticas sociales, cantidad que se suma a los 415 millones de euros que ha recortado en una legislatura en Andalucía". En la provincia de Córdoba, de los once millones de euros presupuestados, "han dejado sin ejecutar casi dos millones de euros".

Según Obrero, si se hubiera llevado a cabo "una correcta política en materia social y una buena gestión, con una ejecución presupuestaria del 100%, ahora no estarían en peligro los derechos y las necesidades de los usuarios y receptores de estas políticas sociales, como han denunciado nuevamente varias organizaciones sociales y centros no lucrativos de nuestra provincia, además de los miles de trabajadores en Andalucía que tienen sus puestos de trabajo vinculados a estas políticas sociales y que son los que dan servicio a los usuarios".

PNL SOBRE EL CENTRO AMARA

Por este motivo, la parlamentaria andaluza del PP de Córdoba llevará este miércoles a la Comisión de Salud y Bienestar Social del Parlamento de Andalucía una proposición no de Ley exigiendo a la Consejería del ramo "que realice de inmediato los pagos comprometidos y pendientes con la Asociación Amara de Lucena (Córdoba), que aseguren su viabilidad y funcionamiento, así como la continuidad de los servicios y la atención a todas personas usuarias con discapacidad".

Las dificultades económicas que atraviesa dicha asociación, según Obrero, "se han venido denunciando desde hace un año por los retrasos reiterados en el pago de las subvenciones por parte de la Junta de Andalucía". Además, "durante estos últimos meses la situación económica (de Amara) ha empeorado, poniendo en grave peligro su viabilidad y situándola al borde de la suspensión de pagos".

Las consejerías de Educación, de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía "deben al día de hoy más de 533.000 euros a este centro asistencial, asfixiando por completo la gestión económica y el mantenimiento de los servicios sociales que se están prestando actualmente", según ha subrayado la diputada regional del PP por Córdoba.

De este modo, existen "convenios y subvenciones que financia la Junta de Andalucía con entidades y organizaciones andaluzas para la atención de personas con discapacidad, pero cuyos impagos e incumplimientos por la Administración están lesionando los derechos reconocidos en la Ley 1/1999 de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Andalucía o el propio artículo 49 de nuestra Constitución Española", según ha asegurado la parlamentaria cordobesa.

Junto a ello, Obrero ha resaltado que "que estas entidades complementan, no sustituyen, la responsabilidad pública de promoción, satisfacción y protección de los derechos sociales que corresponde a la Administración andaluza". En consecuencia, "son completamente injustos los impagos, más aún cuando las entidades bancarias no facilitan el crédito y estos centros se ven obligados a subsistir con fondos propios, que a menudo son escasos y proceden de las cuotas de los asociados, para seguir prestando su labor asistencial y hacer frente a los gastos básicos de mantenimiento de la entidad y del propio personal".

La Asociación Amara, como centro asistencial de personas con discapacidad, "es un referente comarcal de la Subbética cordobesa. Con más de 40 años de funcionamiento ha venido prestando servicios a los usuarios y a sus familias para conseguir mejorar la calidad de vida, la normalización e integración de las personas con discapacidad". Así, según ha señalado Obrero, "los logros de esta entidad han generado un gran reconocimiento y respaldo social".

Actualmente, este centro tiene 91 plazas concertadas con la Junta de Andalucía para la asistencia residencial y unidad de estancia diurna, pero también ofrece formación profesional e inserción laboral a través del Centro Especial de Empleo. En total son más de 140 los usuarios atendidos por monitores, especialistas, profesionales, personal de servicios y administración, que, "con su trabajo y esfuerzo, consiguen cubrir las necesidades básicas, mejorar la calidad de vida, la estabilidad emocional y psíquica, así como el auxilio en la adaptación a las realidades sociales de estas personas con discapacidad".