La Oficina Andaluza Antifraude propone una reforma de su reglamento para ganar en "agilidad y eficiencia"

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) ha remitido al Parlamento andaluz una propuesta de modificación de su Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento --que fue aprobado en el año 2022-- para dotar a sus procedimientos de "mayor agilidad" y "eficiencia", aliviando "algunas actuaciones innecesarias o redundantes".

Así se recoge en la memoria justificativa sobre la necesidad de esta modificación que ha registrado la Oficina Andaluza Antifraude en el Parlamento, y a la que ha tenido acceso Europa Press, que viene acompañada de un escrito, suscrito por el director de la propia entidad de extracción parlamentaria, Francisco de Paula Sánchez, que defiende que es necesario acometer esta reforma "para introducir mejoras técnicas deseables en varios ámbitos de su actuación".

"Por un principio de prudencia y jerarquía normativa", esta propuesta de reforma del reglamento de la Oficina Antifraude "se ciñe a modificaciones puntuales de carácter estrictamente organizativo y de mejora de la gestión interna, que no invaden la reserva de ley y que pueden ser abordadas de inmediato para optimizar nuestro funcionamiento", razona el director de la entidad en dicho escrito remitido al Parlamento para que la Mesa de la Cámara tramite la referida reforma.

En la memoria justificativa se explica que, tras tomar posesión de su cargo, para el que fue nombrado el pasado mes de julio, el nuevo director de la Oficina "ha tomado contacto directo con el estado de funcionamiento actual de la misma" y, tras recabar información del seno de la propia entidad, ha constatado "una elevada carga de trabajo en todas las áreas, con un nivel de pendencia considerablemente alto y unos tiempos de tramitación excesivos, con respuestas tardías" pese a "la laboriosidad y dedicación de todo el personal de la Oficina".

Por ello, se ha llegado "a la conclusión de la urgente necesidad, tanto de reforzar la actual plantilla como de realizar modificaciones en el Reglamento, a fin de dotar a los procedimientos de mayor agilidad", se lee en la memoria justificativa de esta propuesta de reforma reglamentaria.

Desde la Oficina Antifraude alegan que sus "principales objetivos" que tiene encomendados, "especialmente el de la prevención, creando culturas de integridad, buenas prácticas y probidad en las administraciones públicas andaluzas y en los cargos públicos y funcionarios que las sirven (...), quedarían seriamente comprometidos si no se acomete una reforma reglamentaria que alivie algunas actuaciones innecesarias o redundantes".

Dicha reforma --concreta su memoria justificativa-- "ha de venir concretada de una nueva relación de puestos de trabajo con el fin de que los recursos humanos con que cuente la OAAF sean los adecuados para aliviar en el menor tiempo posible el atasco detectado en los procedimientos y agilizar en adelante la tramitación de las denuncias".

RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR DE LA OFICINA

Entre las cuestiones a reformar del Reglamento que ha elevado la Oficina Antifraude a la Mesa del Parlamento figura una de modificación del régimen de retribuciones de la persona titular de la dirección de la OAAF que plantea que éste perciba "las retribuciones que se establezcan en la ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año correspondiente, conforme a las retribuciones que se establezcan en el presupuesto de la Oficina aprobado por la Mesa del Parlamento, y que serán equivalentes a las que perciban las demás personas titulares de las instituciones de extracción parlamentaria".

"En el caso de que ostente la condición de funcionario de carrera, sus retribuciones no podrán ser inferiores a las del puesto de trabajo que venía desempeñando en su administración de origen", precisa la propuesta de reforma elevada a la Mesa del Parlamento, que como novedad respecto a lo establecido hasta ahora contempla esa equiparación de la remuneración del director de la Oficina con la de los titulares de otras "instituciones de extracción parlamentaria".

Al respecto, desde la Oficina defienden que, tras la "nueva regulación del régimen retributivo de los miembros del Gobierno y del personal alto cargo de la Administración de la Junta de Andalucía y asimilados" que se aprobó a finales de 2023, lo "más coherente" es "la homologación de las retribuciones de su Dirección a las de las personas titulares de la Presidencia de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de la Defensoría del Pueblo Andaluz, en tanto que instituciones adscritas al Parlamento de Andalucía".

Al hilo, la memoria justificativa pone de relieve que, mediante Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 31 de julio de 1996, "las retribuciones del Defensor del Pueblo Andaluz quedaron homologadas a las de las personas titulares de las Consejerías de la Junta de Andalucía".

De igual modo, la propuesta plantea que el director adjunto de la Oficina perciba la misma retribución en el caso de que asuma las funciones del titular "en el supuesto de muerte, incapacitación judicial, cese, renuncia o cualquier otra causa legal", y "hasta la efectividad del nuevo nombramiento" para la dirección de la entidad.

Por otro lado, con esta propuesta de reforma del reglamento también se plantea suprimir el Libro de Registro de Investigación e Inspección para concentrar la anotación documental en el Libro de Registro General, así como plantea "delimitar con mayor precisión las funciones de la Subdirección de Asuntos Jurídicos (SAJ) y de la Subdirección de Investigación (SDII) en la gestión de las denuncias, para optimizar el flujo de trabajo y reforzar la seguridad jurídica".

Además, desde la Oficina consideran "necesario dotar a la Unidad de Protección de herramientas de actuación concretas para que su función de 'velar por la protección' sea efectiva y no meramente declarativa, estableciendo un cauce claro para instar la apertura de procedimientos· sancionadores por represalias".

PROVISIÓN DE UN PUESTO DE CONDUCTOR

Otras de las iniciativas incluidas en esta propuesta de reforma del reglamento pasan por "ampliar el ámbito de colaboración" con la Oficina Antifraude "y no ceñirlo a las personas denunciadas-investigadas", así como para contemplar la incorporación de "un puesto de conductor o conductora, con carácter de personal eventual", para la entidad.

Para explicar esta última propuesta, en la memoria justificativa se indica que la Oficina ha ido desplegando desde el inicio de su actividad "la actividad institucional que es consustancial a su condición de entidad de derecho público y que, como no puede ser de otro modo, lleva aparejados desplazamientos por todo el territorio de la comunidad autónoma de Andalucía, así como por el resto del país".

"No obstante, al carecer tanto de personal conductor, como de vehículo oficial, dichos traslados, forzosamente se han ido realizando empleando transporte publico colectivo, mediante taxi/VTC, empleando vehículos particulares, y en casos de necesidad, recurriendo al alquiler", apunta la memoria justificativa, que advierte de que "de esta situación se deriva una multiplicación de la carga de trabajo burocrático, pues para cada actividad, para cada desplazamiento, debe procederse a la incoación de oportuno expediente de traslados, que, a la larga está deviniendo ineficiente".

"Es por ello que se estima necesario que esa institución disponga de su propio personal conductor a su servicio, que, por la especial relación de confianza, pericia, diligencia y discreción que debe ser exigido, debe configurarse con la categoría de personal eventual", se puede leer en la memoria justificativa de propuesta de reforma del Reglamento de la OAAF que está previsto que aborde la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento el próximo miércoles, 8 de octubre.