SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular defenderá una proposición no de Ley en la Comisión de Coordinación del Parlamento andaluz en la que insta a la Junta modificar el decreto de alojamientos para temporeros en la comunidad autónoma con el objetivo de permitir su adaptación "a las necesidades del colectivo y de las ciudades y pueblos de Andalucía".
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP justifica la necesidad de modificar el decreto de alojamientos de temporeros en las "demoledoras" conclusiones del informe especial sobre el chabolismo elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que, en su opinión, evidencia que la actual regulación "no ha logrado los resultados que se desearían" en esta materia.
Según los populares, el informe del Defensor del Pueblo Andaluz "desnuda el horror en el que viven cientos de personas que llegan a Andalucía en busca, se supone, de un futuro mejor" y ofrece unas conclusiones "demoledoras para la conciencia no sólo de las administraciones públicas, sino de la sociedad andaluza en su conjunto".
En la presentación del informe el pasado mes de diciembre, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, lamentó el incremento del chabolismo por la llegada de población inmigrante, dispersos por distintos puntos de Andalucía, como Lucena (Córdoba); Níjar, Roquetas de Mar y El Ejido (Almería); o Mazagón (Huelva), y defendió que "las chabolas no pueden existir en el siglo XXI, es intolerable que la gente tenga que vivir en asentamientos y, en el caso de los inmigrantes, debe haber una mayor red de albergues".
Entre otras medidas, el informe, que define a las chabolas como "alojamientos que se instalan con materiales de desechos de obras, plásticos, tablas de madera o uralita e incluyendo dentro de este concepto las denominadas viviendas prefabricadas", propone a las administraciones un modelo para afrontar su supresión.
PLAN DE ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO "SIN DILACIONES"
En concreto, recomienda que los municipios andaluces "procedan a elaborar, sin dilaciones, un plan para la erradicación", sin perjuicio de la colaboración de las restantes administraciones y, una vez asentadas las vías, definir un pacto político sobre el modelo a seguir. Para asegurar su continuidad, el informe apuesta por crear estructuras administrativas que gestionen la supresión del asentamiento.
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz rechaza los realojos en barriadas de transición, la creación de guetos y la entrega de dinero, al tiempo que apuesta por fomentar el régimen de alquiler en sustitución de la vivienda en propiedad para introducir el hábito del pago. El informe aconseja además que no se descarte la posibilidad de que, a través de aportaciones en suelo, dinero o vivienda, los promotores privados se beneficien de la puesta en valor de los suelos sobre los que se asientan las chabolas.