SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El dictamen de la comisión del Parlamento sobre un Pacto Social por la Educación en Andalucía recoge entre sus medidas la necesidad de abordar una "bajada progresiva de las ratios en todas las etapas educativas" para avanzar hacia una educación más personalizada y una atención más individualizada del profesorado hacia el alumnado. También aboga por una mayor estabilidad de las plantillas de docentes y por la necesidad de contar con sanitarios en los centros educativos.
Podcast Andalucía Informa 23 de octubre de 2020
Este dictamen, compuesto por 32 puntos además de un preámbulo, ha sido aprobado este viernes en la Comisión de Educación y Deporte del Parlamento, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, mientras que PSOE-A y Adelante Andalucía han votado en contra. El PSOE-A no ha participado en los trabajos de esta comisión, pero sí en la votación del dictamen, que ha sido punto a punto, lo que ha provocado su queja. El dictamen será sometido de nuevo a la votación ante el Pleno de la Cámara.
A este respecto, en el dictamen, consultado por Europa Press, se señala que, para ser realmente útiles a la sociedad en general y a la comunidad educativa en particular, sería necesaria la "presencia de todos los grupos parlamentarios" en este Pacto Social por la Educación, por lo que se hace llamamiento al consenso y a la unidad de todas las fuerzas políticas, tal y como se ha puesto de manifiesto en la gran mayoría de las comparecencias.
En la introducción del dictamen se señala que es "fundamental apostar por una educación de calidad, sea pública, privada o concertada, así como garantizar el carácter propio de cada centro, el derecho a la libre elección por parte de las familias en condiciones de igualdad y la no discriminación del alumnado en función del centro elegido por su familia". Se aboga por la necesidad de trabajar en aras de un sistema educativo "libre de intereses políticos e ideológicos y sin adoctrinamiento".
Respecto a las conclusiones recogidas en el dictamen, se destaca que la "falta de motivación" del alumnado es uno de los principales problemas a los que se enfrenta nuestro sistema educativo y está en la base de otros como el fracaso o el abandono escolar. Por ello, se plantea profundizar en un cambio metodológico a través del cual y sin apartar "las metodologías tradicionales", se fomente la curiosidad, el pensamiento crítico o la actitud emprendedora.
Se considera necesaria una revisión de los contenidos curriculares de las distintas materias y cursos que tenga en cuenta la opinión y la experiencia del profesorado que está a pie de aula.
En lo que respecta a los docentes, el dictamen plantea una necesaria formación permanente del profesorado gratuita y obligatoria, dentro de su horario y calendario laboral, y un cambio en el sistema de acceso a la función docente. En este sentido, se propone la modificación de las pruebas de acceso para valorar, además del conocimiento de la materia, el conocimiento pedagógico y las habilidades necesarias para el desempeño de la profesión, tales como la capacidad de gestión de grupos, de trabajo en equipo, de comunicación, de liderazgo y de gestión emocional. Se recoge que el sistema de acceso debería completarse "con al menos un año de prácticas remuneradas y tutorizadas".
Otras conclusiones del dictamen se refieren a la necesidad de dotar a los centros educativos de una mayor autonomía organizativa, pedagógica y de gestión, y a que haya una mayor estabilidad de las plantillas, algo fundamental para "la implantación y desarrollo de un proyecto educativo de centro". Se considera necesario reforzar la función directiva, dando mayor capacidad a los directores de los centros para su organización, aumentando su margen para la creación de sus propios equipos directivos y para la selección de la plantilla docente.
Asimismo, se plantea redefinir la inspección educativa, avanzando hacia un modelo basado menos en el control y la fiscalización y más en el apoyo y fomento de las experiencias innovadoras y las buenas prácticas docentes.
El dictamen también recoge la necesidad de contar con personal sanitario en cada centro escolar, y avanzar hacia una mayor implantación de educadores sociales, pedagogos y psicopedagogos.
IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
El dictamen también hace referencia a una correcta implantación de las nuevas tecnologías en los centros educativos, "que debe ir acompañada de una buena formación del profesorado y de un esfuerzo de las administraciones educativas para reducir la llamada brecha digital, a fin de garantizar el acceso de todo el alumnado a las mismas".
Se recoge además la necesidad de "avanzar hacia un bilingüismo real, que implique una verdadera inmersión lingüística". Se aboga por nuevas infraestructuras educativas que rompa con el modelo tradicional de aulas, y se pide acabar con la precariedad que suponen las aulas prefabricadas (las llamadas caracolas) y las infraestructuras que aún tienen amianto.
RESPALDO DE PP-A, CS Y VOX
En defensa del dictamen, el parlamentario del PP-A Miguel Ángel Ruiz ha justificado la conveniencia de crear este grupo de trabajo para poner "de acuerdo a los grupos políticos y la comunidad educativa", la cual ha estado "a la altura de las circunstancias", pero no así, en su opinión, el PSOE-A, que "se levantó de la mesa antes de empezar a hablar", ni Adelante Andalucía, que "al final no ha querido pacto", según ha lamentado el diputado 'popular', que ha considerado que eso "ensombrece mucho el objetivo con el que nacía este grupo de trabajo", en el que, según ha sostenido, el PP-A ha tratado de buscar "puntos de encuentro y no ahondar en las diferencias".
En representación de Ciudadanos (Cs), la diputada Mar Hormigo ha remarcado que fue su grupo quien, "conjuntamente" con el PP-A, solicitó la creación de este grupo de trabajo para "escuchar sin reservas" a la comunidad educativa, que ha estado representada en este órgano a través de distintos comparecientes a quienes "ha sido un placer escuchar", según ha señalado la parlamentaria, quien ha dicho no entender por qué el PSOE-A "renunció" a asistir a las sesiones de este grupo de trabajo. "No hay excusas que valgan", ha sentenciado antes de criticar también que Adelante Andalucía tampoco apoye el dictamen y se haya "retratado como satélite" del Grupo Socialista.
Por parte de Vox, su diputada María José Piñero ha defendido que el informe es "garantista" y "deja la puerta abierta para que la comunidad educativa pueda matizar cada uno de los puntos", así como ha criticado la actitud del PSOE-A. "No pueden boicotear cualquier iniciativa porque no parta de ustedes", le ha dicho, apuntando que ese partido sigue "sin digerir que no gobierna".
RECHAZO DEL PSOE-A Y ADELANTE
Sin embargo, la parlamentaria del PSOE-A Beatriz Rubiño ha defendido su voto en contra al dictamen para no "blanquear y justificar la hoja de ruta de las derechas" que tiene como objetivo la "demolición" de la escuela pública porque "no cree en ella", y por la "escasa profundidad y rigor" del dictamen, del que ha criticado su "apuesta expresa" por la educación "privada o concertada", al "equipararla a la pública". Según ha argumentado, el informe final es "una especie de teatro para justificar los pasos" que el Gobierno andaluz "ha dado para avanzar en su hoja de ruta privatizadora".
Finalmente, la parlamentaria de Adelante Luzmarina Dorado ha criticado que "en muchas ocasiones parece que se responsabiliza al alumno de la situación en la que se encuentra el sistema educativo", así como que la bajada de ratio se queda "en una mera recomendación a las autoridades educativas", cuando ha sido una reclamación reiterada por la comunidad educativa, por lo que ha concluido que desde la confluencia no ven "con buenos ojos cómo se ha creado este acuerdo" tras haber "utilizado el esfuerzo de la comunidad educativa".
