El Parlamento rechaza la propuesta de Vox de declarar el "riesgo" de regularizar migrantes para los servicios públicos

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha rechazado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Vox en Andalucía con la que pretendía recabar el rechazo de la Asamblea autonómica contra el Decreto que aprobará el Consejo de Ministros para la regularización extraordinaria de migrantes y que se encuentra pendiente de un informe del Consejo de Estado para su aprobación definitiva.

La iniciativa sólo ha cosechado los votos favorables del grupo proponente, mientras ha recibido el rechazo del resto de grupos: Popular, Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

La iniciativa de Vox, que ha defendido la parlamentaria Purificación Fernández, buscaba que la Cámara autonómica expresara que ese procedimiento "supone un grave riesgo para la sostenibilidad de los servicios públicos andaluces".

Otro punto de la PNL de Vox quería que el Parlamento impulsara según sus competencias estatutarias una modificación de la normativa migratoria para "proceder a la repatriación de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra Nación", así como la repatriación de los menores extranjeros no acompañados.

En la misma línea planteaba otra modificación legal con la idea de que "se proceda a la deportación de cualquier inmigrante legal o ilegal que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida", categoría en la que incluye a "todo aquel que decida no integrarse a la cultura de la Nación que lo acoge e intente imponer la suya".

Quería Vox impulsar que el Consejo de Gobierno declarara "la prioridad nacional" para poder acceder a todas las ayudas sociales y los servicios públicos de Andalucía y proponía establecer incentivos para "el retorno de todos aquellos extranjeros que supongan un lastre para el estado de bienestar de los andaluces", situación que atribuye a que "no contribuyen con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional y viven de las ayudas sociales".

Proponía Vox a la Asamblea andaluza declarar que "el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales esté condicionado a sus años de cotización".

Planteaba al Parlamento andaluz "la necesidad de establecer una política migratoria firme, ordenada y acorde a las necesidades de nuestro mercado laboral" y que en este ámbito siempre se dé "la prioridad nacional y la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar", con el añadido de que acrediten "capacidad de adaptación a nuestra cultura y nuestras costumbres".

Buscaba la PNL que el Gobierno andaluz suprimiera "toda ayuda o beneficio social que no sean las estrictamente necesarias para garantizar la atención humanitaria de los inmigrantes ilegales hasta su devolución a sus países de origen".

En esta línea reclamaba a la Administración autonómica "la supresión de todas las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas", además de que se declarara a favor de "endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y todos sus colaboradores".

Demandaba Vox al Gobierno andaluz que dentro de sus competencias "acabe con todas con las políticas de efecto llamada" a las que atribuye que han llevado "a miles de personas a jugarse la vida y perderla trágicamente" al esgrimir en este sentido "las falsas promesas de un futuro mejor en Europa".

Esperaba la iniciativa de Vox de la Cámara autonómica que se declarase a favor de acometer cambios legales para que de esa forma "la institución del arraigo" deje de ser "una herramienta jurídica" para acceder al permiso de residencia.

Pedía al Gobierno andaluz que "suspenda la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios" mientras no cumplan con los acuerdos bilaterales de cooperación al respecto entre países.