Pide vivienda en alquiler social en Córdoba tras ocupar un inmueble siete meses

La Plataforma 'STOP Desahucios' apoya a la joven (a la derecha en la fila baja)
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 23 febrero 2016 15:04

CÓRDOBA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mercedes Torrera, una joven de Córdoba de 30 años de edad, ha reclamado este martes una vivienda en alquiler social para poder ver a sus dos hijos tras ceder la custodia a sus dos padres y ocupar una casa en el Campo de la Verdad en la capital cordobesa, motivo por el que ha sido denunciada por el banco propietario del inmueble después de siete meses de ocupación.

En declaraciones a los periodistas, la mujer, que se encuentra sin trabajo estable, ha explicado que "llevaba dos años viviendo en la calle", tuvo que dejar a sus dos hijos con sus respectivos padres, porque "no tenía vivienda ni condiciones", de manera que le cedió la custodia a ellos.

Así, ha relatado que terminó en la calle porque su pareja la "maltrataba", mientras que con su madre no tiene "buena relación", de modo que consideró que "la única solución era ceder la custodia a los padres hasta que la situación mejore y tenga una estabilidad con un domicilio en condiciones".

Al respecto, ha detallado que un vecino le dijo que "lo estaban desahuciando de su vivienda" y que se metiera ella para "intentar recuperar" a los hijos, motivo por el que ocupó la casa, si bien siete meses después fue denunciada por la entidad bancaria, de la que espera conseguir "un alquiler social" y con ello "lograr un régimen de visitas" sobre sus hijos de once y ocho años, a los que lleva sin ver "dos años".

En este sentido, la mujer ha señalado que "la casa tenía muchas humedades, con algunos techos caídos", si bien "poco a poco" ha ido reformando "todo", de forma que ha pedido al banco que "vaya para que vea el cambio que tiene" la vivienda.

Ante ello, ha valorado que la Plataforma 'STOP Desahucios' "intenta llegar a un acuerdo con el banco para un alquiler social", algo que confía en que finalmente se produzca, al tiempo que se puede enfrentar a una sanción económica de hasta unos 270 euros por la ocupación.