JAÉN, 17 May. (EUROPA PRESS) -
Los trabajadores de FCC en Jaén, concesionaria de recogida de basura y limpieza viaria en la capital, han acordado en asamblea mantener la convocatoria de huelga indefinida cuyo inicio está previsto a partir de las 21,00 horas de este martes, 21 de mayo.
Desde el comité de empresa se ha indicado a Europa Press que la decisión se ha adoptado con motivo de la intención por parte de la empresa de "quitarnos muchísimos derechos laborales, que están en el pliego de condiciones firmado con el Ayuntamiento".
Ello, a pesar de un "acercamiento de posturas" en la reunión del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) celebrada este viernes, donde las partes han quedado emplazadas a una nueva reunión para el 21 de mayo, a las 12,00 horas, pues "el comité y los trabajadores aún confían en un acuerdo".
Las mismas fuentes indicaban que se había logrado acercar posiciones en materia de retribuciones y en cuestiones como vacaciones, aunque lo consideraban "un punto de partida" para seguir negociando.
El mantenimiento de la huelga se ha acordado en una asamblea a la que han asistido unos 140 trabajadores de una plantilla cercana a los 300. De los asistentes, prácticamente todos, salvo una media docena de abstenciones, han votado a favor de seguir con el paro.
La huelga se había convocado ante el "inmovilismo" de la empresa en la negociación para lograr un convenio colectivo "digno" y después de tres meses de reuniones con la dirección, según se informó desde la Unión Sindical Obrera (USO), que ostenta la mayoría en el comité de empresa.
Sostienen que en 2018, los empleados "sufrieron una serie de medidas y agravios en contra de sus derechos", partiendo sus vacaciones de verano de 30 días a 15 días en verano y 15 días en invierno, "en un acto de buena fe ante la empresa y el Ayuntamiento, para dar fluidez organizativa en el proceso de inicio de la nueva contrata", que comenzó en diciembre de 2017.
Tras remarcar que, a pesar de estar gestionado por una firma privada, se trata de un servicio público de la ciudad, desde el comité se ha venido sosteniendo que no se entiende que "se pretenda un servicio de calidad aplicando recortes en los derechos de los trabajadores".
En este sentido, desde USO se recuerda el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de hacer que se cumpla el pliego de prescripciones técnicas y administrativas relativos al servicio, en el que "se explicita la necesidad de que la empresa adjudicataria respete las condiciones socio-laborales adquiridas por los trabajadores en convenio colectivo".
Al respecto, han puesto de relieve que "ya se ha cedido bastante por la parte social en el tema de las vacaciones, el plus de voluntariedad y la pérdida de poder adquisitivo real respecto al IPC" (índice de precios al consumo), a lo que se suma "las continuas amenazas de la empresa de despedir a trabajadores" cuando un tercio de la plantilla aproximadamente son empleados eventuales o con jornadas parciales.
