El PP estima que su propuesta de reforma fiscal para Andalucía crearía unos 3.200 nuevos empleos en la provincia

JAÉN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Jaén y vicesecretario de Economía y Desarrollo Rural del PP andaluz, José Enrique Fernández de Moya, ha indicado este martes que la propuesta de reforma fiscal que su partido ha elaborado para el conjunto de la comunidad andaluza generaría un "impacto presupuestario" en la provincia jiennense aproximado de 36 millones de euros, así como generaría en ella alrededor de "3.200 nuevos empleos".

Así lo ha dado a conocer este martes en una rueda de prensa en la que ha detallado la propuesta de reforma fiscal "justa y solidaria" diseñada por un grupo de trabajo que él ha coordinado y que ha estado formado por catedráticos y profesores titulares de universidad vinculados a las áreas de Hacienda Pública y Economía.

Fernández de Moya también ha detallado que esta reforma permitiría que "cada jiennense tendría en torno a 400 euros más al año" y "prácticamente beneficiaría a más del 95 por ciento" de los ciudadanos de la provincia, porque se orienta a contribuyentes con unas bases imponibles "inferiores a 35.000 euros en tributación individual o 60.000 euros en tributación conjunta".

En el conjunto de Andalucía, el impacto presupuestario estimado de la reforma se sitúa "en torno a 450 millones de euros", y el PP-A calcula que podría servir para generar "en torno a 50.000 nuevos empleos" en el conjunto de la región, según ha abundado Fernández de Moya, que ha resaltado que se parte de la premisa de que "entre el 80 y el 85 por ciento" del dinero que recibe un ciudadano con el que anteriormente no contaba se destina al consumo, y el resto --en torno a un 15 o 20 por ciento-- al ahorro.

El dirigente 'popular' ha argumentado además que esta propuesta de reforma se plantea en un momento en el que el Gobierno andaluz de PSOE e IU "nuevamente sube los impuestos" a través del canon variable autonómico de "un bien público esencial como es el agua", que "de 2013 a 2014 se incrementa un 20 por ciento, pasando del 60 al 80 por ciento", y que en 2015 se situará "en el 100 por cien", según ha criticado.

Así las cosas, la reforma fiscal planteada por los 'populares' propone actuar "en el tramo autonómico del IRPF, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en las transmisiones patrimoniales y en los actos jurídicos documentados", persigue que "Andalucía deje de ser la comunidad autónoma donde más impuestos se pagan", y está "al servicio de rentas medias y bajas" para "acabar con el castigo fiscal" al que, a juicio de Fernández de Moya, están sometidas.

Entre las medidas más relevantes propuestas para "incentivar el consumo", ha detallado algunas relacionadas con el tramo autonómico del IRPF, como una deducción del 20 por ciento "de las cantidades satisfechas por la enseñanza de idiomas recibida por el propio contribuyente y por los hijos o descendientes de hasta 18 años que convivan con él con un máximo de 150 euros al año por cada estudiante".

Además, se plantea la deducción autonómica por familia numerosa --"de 250 euros para familias numerosas de categoría general o 400 euros en las de categoría especial"--, y otra del 15 por ciento por gastos de guardería "de niños menores de cuatro años", con un máximo de 400 euros al año por cada niño.

También se contempla una deducción autonómica por gastos de estudio universitarios por los hijos fuera de su provincia --"por cada descendiente o adoptado que cumpla los requisitos se establecen 1.500 euros con carácter general y 1.600 euros si la base liquidable del contribuyente es inferior a 35.000 euros en tributación conjunta"--, con el objetivo de "compensar fiscalmente los gastos en que incurre la familia".

CONTRA LA DESPOBLACIÓN RURAL

Otras propuestas referidas al IRPF están relacionadas con la adquisición de libros de texto y material de estudio --para "deducir el 40 por ciento de las cantidades satisfechas con un máximo de 100 euros al año por cada hijo"--, con gastos sanitarios --en virtud de la cual "pueden deducirse el 40 por ciento del gasto en prótesis u órtesis, tanto de los contribuyentes como de los hijos menores de 25 años, con el límite de 100 euros por miembro de la unidad familiar"--, y con la adquisición de viviendas por jóvenes en núcleos rurales.

Esta última es una medida en la que el también alcalde de Jaén ha hecho "especial hincapié" al vivir en "una provincia eminentemente rural", con la que se plantea deducir "el cinco por ciento de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por la adquisición o rehabilitación, en núcleo rural, de la vivienda que vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente", ello con el fin de "fomentar y fijar la población joven en los núcleos rurales de Andalucía al objeto de evitar su despoblación".

La última medida vinculada al IRPF es la deducción autonómica por pago de intereses de préstamos para estudios de posgrado, con la que "podrán deducirse el 50 por ciento del importe de los intereses pagados en el periodo impositivo correspondiente a los préstamos concedidos para la financiación de estudios de posgrado, tanto de los contribuyentes como de los hijos menores de 25 años".

Fernández de Moya también ha detallado medidas relacionadas con el Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, que los 'populares' quieren "eliminar en una legislatura", y con las que se pretende que los andaluces que reciban herencias que superen en solo 1.000 euros la cantidad de 175.000 euros en la que se fija la base imponible exigida para que la cuota que se devenga sea cero se pague "solo 76,5 euros" y no la cuota actual "de 26.540,85 euros más de impuesto" que hay que pagar ahora en esos casos.

Igualmente, el PP-A propone una reducción general de la base imponible en donaciones a desempleados, con la idea de conceder "un beneficio fiscal en donaciones de dinero para un fin que cubre una necesidad básica en los parientes que lo reciben", al igual que se quiere hacer con donaciones de primera vivienda habitual realizadas de padres a hijos.

"No hay excusas" para no realizar esta reforma, según ha enfatizado Fernández de Moya, que ha concluido señalando que "ningún consejero de la Junta" podría acogerse actualmente "a ninguna de las medidas propuestas" debido a "sus niveles de renta", que superan "los 60.000 euros", según ha concluido.