SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario del PP-A ha planteado en el plan de trabajo que ha registrado en la Cámara autonómica para la comisión de investigación relativa a la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) desde su creación hasta la actualidad, que las comparecencias arranquen el viernes 26 de octubre, y propone que ese día acudan la presidenta de la Junta, Susana Díaz, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y el actual consejero de Empleo, Javier Carnero.
Así lo ha avanzado en rueda de prensa la parlamentaria del PP-A Teresa Ruiz-Sillero, que ha explicado que reclaman que la jefa del Ejecutivo andaluz sea la primera en comparecer en este órgano porque "hasta ahora no ha dicho nada" sobre que "altos cargos del PSOE-A hayan gastado dinero público para explotar sexualmente a mujeres", a pesar de la insistencia de los populares para que dé explicaciones.
De este modo, Ruiz-Sillero ha informado de que el plan de trabajo que ha registrado su formación persigue que la comisión sea "ágil" y que se desarrolle acortando los plazos teniendo en cuenta lo que resta de legislatura si no se produce un adelanto electoral.
Con ese horizonte, el PP-A propone que se habilite el mes de enero para los trabajos de la comisión de investigación, de modo que concluyan con la antelación suficiente para que el dictamen final se eleve a Pleno en una sesión extraordinaria que se celebrará antes del 29 de enero del 2019.
Así, además de a Susana Díaz, los expresidentes y Carnero, Ruiz-Sillero ha adelantado que van a pedir que acudan a comparecer en una primera ronda el exdirector de la Faffe, Fernando Villén; el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; la que fue liquidadora y directora económica de la Faffe, Anna Valls; y el propietario del club de alterne donde presuntamente se usaron de manera indebida tarjetas de crédito de la referida fundación para pagar 14.737 euros por parte de un directivo de la fundación y ex miembro de la ejecutiva del PSOE-A.
Otros de los comparecientes que ha puesto sobre la mesa el PP-A ha sido el exalcalde de Lebrija Antonio Torres García, "que estuvo cobrando de la Faffe durante once años sin acudir"; y también los directores territoriales de Andalucía occidental de La Caixa y Unicaja, para que informen de los gastos de las tarjetas de crédito o débito que de estas entidades había en la Faffe, toda vez que entiende que el consejero tiene esa información pero no la facilita a la Cámara.
Sobre la propuesta que plantea Podemos para que también comparezcan las trabajadoras del prostíbulo en cuestión, Ruiz-Sillero se ha mostrado en total desacuerdo porque "eso no es defender a estas mujeres explotadas, es someterlas a más escarnio". Por eso, ha defendido que deberían acudir "los puteros que fueron al prostíbulo", de ahí que exija a la presidenta informar de "qué altos cargos socialistas fueron, si tienen a día de hoy algún cargo público o en el PSOE-A y, en ese caso, cesarlos de manera inmediata".
"LLEGAR HASTA EL FINAL"
Una vez que se celebre la primera ronda de comparecientes, los populares solicitan que se pueda sustanciar una segunda ronda y que puedan repetir comparecientes que ya vinieron en la primera ocasión si detectan "nuevos datos que así lo requieran o informaciones contradictorias" con su primer relato.
El objetivo de agilizar los plazos, como ha reseñado la diputada, es que los andaluces puedan conocer "qué ha ocurrido en la Faffe y que se pueda llegar hasta el final", de ahí que apueste por el consenso con el resto de partidos para que los trabajos sean lo más rápido posible y que haya pedido a Cs que no ayude al PSOE-A a "ocultar el fraude de la Faffe". El plan de trabajo definitivo se acordará en una reunión de la comisión el próximo martes, 9 de octubre, a las 17 horas.
En concreto, los populares quieren que lo primero que se celebre sea una primera ronda de comparecientes, para lo que plantean como fecha tope para presentar las solicitudes el 11 de octubre a las 11 horas. Seguidamente, se procederá a reclamar la información y documentación que cada grupo considere oportuno y sin límite, con plazo para registrarlo hasta el mismo día.
Las administraciones tendrán, según este plan de trabajo, un máximo de cinco días hábiles para entregar la documentación desde que se les notifique por parte de la Presidencia de la comisión de investigación.
Así las cosas, los populares proponen que se habilite el mes de enero para los trabajos de este órgano y que las sesiones se celebren los lunes, martes y viernes, para que el dictamen final se eleve al Pleno en una sesión extraordinaria antes del 29 de enero.
Del mismo modo, el PP-A sostiene en su plan de trabajo que "cuando una comparecencia sea solicitada por dos o más grupos parlamentarios se considerará automáticamente aprobada"; así como que la comisión aprobará las comparecencias y fijará el orden y el calendario de las mismas en una reunión a celebrar el 16 de octubre.
