SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PP-A sitúa en sus propuestas para el dictamen de la comisión de investigación del Parlamento sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) "responsabilidades políticas" por la "corrupción de alto voltaje" en dicho organismo en los expresidentes de la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, así como en la exconsejera de Hacienda y actual ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, entre excargos de los anteriores gobiernos socialistas.
Según el PP-A, pese a los continuos y variados informes y actuaciones de la Cámara de Cuentas, de la Intervención General, del PP y de la justicia, la Faffe siempre fue "impulsada, tolerada y protegida por los gobiernos socialistas y por sus presidentes, conocedores de todo lo que ocurrió y absolutamente inactivos en la persecución de la corrupción y por tanto cómplices de la misma".
Además de los mencionados, se "elevan responsabilidades políticas en el ámbito político", a Fernando Villen Rueda, exdirector general técnico de Faffe, "dado que
su puesto tenía la consideración de alto cargo de la Junta"; a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, y a los miembros del Patronato de la Faffe desde su creación hasta su extinción (con especial mención a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio Menéndez; a los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barbera y Justo Mañas, y a los exdirectores generales de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera; a los exsecretarios generales técnicos de Empleo y tesoreros de la fundación Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina; a los exdirectores gerentes del SAE, Antonio Toro, Pedro Eugenio Gracia Vitoria y Alejandra Rueda Cruz; a los
exdirectores generales de Formación para el Empleo María José Lara González, Andrés Sánchez Hernández, Manuel Brenes Rivas y María Teresa Florido Mancheño; al exdirector general de Calidad de los Servicios para el Empleo y Gerente del SAE Pedro Eugenio Gracia Vitoria, y a los exdelegados provinciales de Empleo de Sevilla y Cádiz Antonio Rivas Sánchez y Juan Manuel Bouza Mera, respectivamente).
Esas "responsabilidades políticas" también se sitúan en el exconsejero de Economía, Innovación y Empleo Antonio Ávila Cano; en los exconsejeros de Empleo José Sánchez Maldonado y Javier Carnero; en los exviceconsejeros de Empleo Luis Nieto Ballesteros, Antonia Moro Cárdeno, María José Asensio, y Pilar Serrano Boigas; en los exdirectores gerentes del Servicio Andaluz de Empleo y ex secretarios generales de Empleo Julio Samuel Coca Blanes, Antonio González Marín y Manuel Caballero Velázquez; en el exdirector general de Formación Profesional para el Empleo Manuel Jesús García Martín, y en la exdirectora general de Evaluación, Control y Calidad Estefanía Martín Palop.
En el documento que ha registrado el PP-A en el Parlamento y del que los diputados Ana Vanessa García y Erik Domínguez, miembros en la comisión de investigación de la Faffe, han dado cuenta en rueda de prensa este miércoles, se indica que el "relato exculpatorio del 'yo no estaba allí, no es mi corrupción' de la expresidenta Susana Díaz y de otros cargos de su gobierno, no se sostiene, ya que el proceso de liquidación de la Faffe comenzó en 2011 pero se prolongó hasta el año 2016, y porque bajo su mandato la Cámara de Cuentas desveló ya en 2014 la falta de justificación de 50 millones en subvenciones y otros informes que advierten de irregularidades".
"Siendo presidenta no se concluían los millonarios expedientes de reintegro ni tampoco se ordenaban diligencias previas de investigación para esclarecer el uso que se le ha dado a los fondos en Faffe Nunca quisieron arrojar luz respecto a esos expedientes
que ahora sabemos que estaban en el limbo administrativo, ni ofrecer datos
respecto a la verdadera situación administrativa de los mismos", según señala el PP-A en su documento.
En este sentido, Ana Vanessa García ha considerado que si Susana Díaz no deja su actual acta de senadora en representación de la comunidad, debería pedírselo el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a quien tanto la expresidenta de la Junta como María Jesús Montero deberían dar "explicaciones".
Según recoge el PP-A en su documento de conclusiones, la fundación fue uno de los instrumentos de los que se valió "el ejecutivo socialista andaluz para ejecutar un sistema de ayudas a extrabajadores de Delphi sin sustento legal", y también se utilizó para "comprar la paz social y cumplir los compromisos institucionales de los expresidentes Chaves y Griñán, como ya ocurriera con el sistema fraudulento de ayudas sociolaborales".
"NEPOTISMO Y ENCHUFISMO"
"El nepotismo y el enchufismo en Faffe era consentido y alimentado por los máximos responsables de la Consejería de Empleo. Desde el propio consejero hasta otros altos cargos tenían una plantilla de Faffe a su servicio, y se ha utilizado la fundación como cauce ilegítimo de cesión de empleados para dotarse de más puestos de personal de confianza al margen del mecanismo previsto en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía", según se indica.
Asimismo, se pone de manifiesto que la Faffe "fue como una especie de 'cajero automático', un instrumento para escapar de controles, cuando desde la propia consejería se daban órdenes para simular contratos e instrucciones expresas a Faffe tanto para
contratar con empresas como posteriormente para contratar personal en la propia
fundación". "Para que altos cargos dieran subvenciones ex profeso para una
finalidad distinta a la que motivaba su concesión, y que esos fondos a sabiendas
se aplicaran a una finalidad no lícita como se ha visto en el caso de los
contratos con la empresa UMAX y Faffe. Está claro que hubo una indudable
coordinación entre no pocos altos cargos de la Consejería para llevar a cabo todas
estas actividades ilícitas", se señala.
Para el PP-A, la Faffe ha funcionado para lo que se creó: "Un ente paralelo a la
administración para burlar controles, para huir del derecho administrativo, para desviar potestades públicas y evitar la independencia del funcionariado, y que ha servido para amañar contratos a empresas, contratar a dedo a socialistas y a familiares y amigos de socialistas, dar subvenciones arbitrariamente y sin los debidos controles, y hasta pagar con dinero público fiestas y prostitutas como consecuencia de tanta relajación de controles".
Añade que la Faffe ha sido, además "de una agencia de colocación del Partido
Socialista, una auténtica bomba de corrupción en la que se han sobrepasado
todos los límites imaginables y todas las líneas rojas en corrupción política". "Lejos de tomar decisiones encaminadas a esclarecer lo que pasaba, se ocultaban informes en cajones, se entorpecía la labor de la Justicia, y se escondía información al Parlamento", indica.
